Villalpando acogerá mañana, miércoles 9 de mayo, un "Consejo de Dirección abierto", un formato de participación ciudadana para que los responsables del Gobierno autonómico escuchen a la sociedad civil. De esta forma, colectivos como organizaciones profesionales agrarias, sindicatos, asociaciones de empresarios, entidades culturales, clubes deportivos o plataformas cívicas podrán plantear sus preocupaciones y demandas a los responsables políticos de la Junta de Castilla y León.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, adquirió en su discurso de investidura el compromiso de que a lo largo de esta legislatura las diferentes consejerías celebraran Consejos de Dirección abiertos a la sociedad civil y los medios de comunicación, un instrumento que además pretende hacer oficial a través de la reforma de la Ley de Gobierno para que este tipo de encuentros tengan que ser periódicos y tengan que pasar por todas las provincias de la Comunidad.

En esta ocasión, el Consejo de Dirección abierto lo organiza la Consejería de Presidencia, cuyo máximo responsable es José Antonio de Santiago-Juárez López, a la sazón vicepresidente de la Junta, pero como ya ha sucedido en las convocatorias en otras provincias, se trasladarán las materias expuestas que no dependan de este departamento en concreto a las consejerías competentes en ellas. La primera experiencia se llevó a cabo en septiembre de 2015 en la ciudad de Palencia con la presencia de una treintena de representantes de la sociedad de esta provincia, y en el caso de la provincia de Zamora ya se celebró uno en la capital, en febrero de 2017, sobre cuestiones de Cultura y Turismo.

El de mañana se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento de Villalpando, situado en la Plaza Mayor de esta localidad, a las 11.30 horas, y será el primero que se celebre en la provincia de Zamora.

El Gobierno autonómico quiere, con esta práctica, reforzar la acción política de proximidad y reservar un tiempo para recoger propuestas y sugerencias de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, y va acompañado de otras medidas de transparencia y gobierno abierto puestas por la Junta de Castilla y León desde 2015.