Gotea, a veces, casi como en la calle, "hay verdadero miedo a que ocurra la electrocución de algún residente", se recurre a las bombas para achicar el agua de los pasillos, las ventanas están desencajadas dando paso al agua y al frío. Son tantas y tan graves las deficiencias que el coste de las reparaciones en la joven residencia de Villar del Buey casi se acerca a los 250.000 euros. Construida de plataformas, la inversión total se acercó a los dos millones de euros y desde el primer momento fue un manantial de problemas. Antes de su inauguración, el 14 de noviembre de 2008, entre otras obras, ya fue renovado todo el suelo por importe de 45.000 euros, y nunca han parado las obras.
Con estos problemas estructurales el caso terminó, a menos de diez años de vida, en los juzgados. El pasado 18 de febrero, el Contencioso Administrativo condenó al Ayuntamiento de Villar del Buey a costear, "en un 80%", la reparación de los defectos constructivos existentes en la residencia de ancianos "Santa Marina". Los análisis periciales dan fe de que el edificio tiene "deficiencias de carácter constructivo que inciden en la prestación del servicio y que deben ser afrontadas por el titular del inmueble. Los problemas tienen que ver con la impermeabilización de cubiertas y petos, reparación de grietas y humedades en paramentos y techos, reparación y sustitución de humedades, sustitución de la carpintería interior y suelos afectados por humedad en el piso bajo".
El Juzgado considera "el 80 por ciento" de los males que aquejan al edificio es "culpa" del Ayuntamiento, presidido por el alcalde popular José María Nieto Vaquero. Aunque también responsabiliza en algunos detalles al contratista de la gestión del centro residencial, que ha tratado de no llegar al extremo de los tribuanles.
La denuncia judicial fue interpuesta por la sociedad Socioconsulting Zamorana Vesta, que tiene la concesión desde junio de 2007, en julio de 2016. Reclamaba que el Ayuntamiento reparara los defectos "apreciados en la construcción", y cuyo importe asciende a 246.208 euros en la estimación del peritaje efectuado por la profesional. La alcaldía, por su parte, solicitó la desestimación íntegra del recurso al entender que las reparaciones incumben exclusivamente a la contratista". Además, apuntó que "en el caso de no ejecutarlas se procedería a entender que ha incumplido sus obligaciones contractuales, quedando a salvo el derecho del Ayuntamiento a reclamar en su caso, por los desembolsos realizados para el mantenimiento del edificio de la residencia durante la vigencia del contrato de gestión del servicio público por incumplimiento de las sus obligaciones".
En los fundamentos de derecho la sentencia recuerda "una serie de datos que han marcado la relación de las partes". Expone que "celebrado el contrato de gestión del servicio público, en junio de 2007, sin embargo la autorización de apertura/funcionamiento del Centro Residencial para Personas Mayores por la Junta de Castilla y León no se produce hasta el día 24 de abril de 2008. En el año 2013 y 2017 se procedió a la ampliación de la capacidad máxima para alojamiento hasta las 30 plaza actuales). La documentación aportada por el Ayuntamiento da fe, además, "que la certificación final de obra es de 6 de marzo de 2006, a pesar de que el acta de recepción de las obras es el 2 de febrero de 2006".
Repara la magistrada en que "entre la celebración del contrato de gestión y la autorización del centro para su funcionamiento (casi un año después) y a pesar de haberse recibido la obra en febrero de 2006, se llevan a cabo labores de pintura electricidad, fontanería y albañilería, colocación de suelo, pintura? (además de la compra de material de uso de la residencia desde lámparas hasta espejos, cortinas, enseres cocina?)". Todo ello "se desprende las propias facturas aportadas por el Ayuntamiento y que deja muy claro que en el momento de la celebración del contrato el inmueble no estaba en condiciones de servir al fin para el cual se construyó, sin que el Ayuntamiento reclamara nada ni a la empresa contratista Agua y Medio Ambiente, S.A. absorbida en la fase final por Isolux Corsán Servicios, S. A".
Entras las obras que el Ayuntamiento llevó a cabo se mencionan "buscar y reparar goteras en terraza, reparación de suelos, reparación de fisuras, albardilla, piedras en fachada, aislantes, vierte aguas e impermeabilización de cubierta de casetón, reparación de red de calefacción de la zona de pasillos en ala de residencia. También reparación, lijado y sellado para carpinterías, vigas y vierte aguas, carpintería de aluminio (reparación de ventanas, elevación de marzos o colocación de tapajuntas?), reparación de grietas, chapas y fisuras en fachadas, trabajos de desagüe y pintado, e impermeabilización y reparación de terraza y cubiertas". Son actuaciones que superan los 86.000 euros. Es decir, según el Juzgado, "que el inmueble en el que se encuentra la residencia cuando menos adolece de una serie de defectos de impermeabilización (en terrazas y paramentos) ya desde su inicio y que han supuesto que a lo largo de todos estos años se hayan hecho trabajos por cuenta del propietario para tratar de solucionar estos problemas".
La adjudicataria presentó un informe pericial y también el Ayuntamiento de Villar del Buey, en este caso elaborado por quienes "intervinieron previamente en el edificio como redactores de los proyectos de construcción y reformas posteriores". Esta circunstancia motivó "la tacha" de los peritos "ya que tienen interés al menos indirecto en el procedimiento, amén de señalar que su informe pericial no es tal sino que realmente es un "contrainforme" emitido -sin acudir a la residencia- con la única finalidad de rebatir" el trabajo pericial del adjudicatario.
El Juzgado señala que "mientras existe un deber de mantenimiento por el contratista expuesto en la normativa general y también en los propios, es obligación ineludible del propietario del edificio (y promotor de la obra) la de entregar el edificio para que pueda ser utilizado conforme a su fin. Y ya desde un primer momento se pusieron de relieve una serie de defectos que en nada tienen que ver con un defectuoso mantenimiento de la edificación: grietas en los paramentos, obstrucción de tuberías, rotura de calefacción del piso bajo? Y el Ayuntamiento nunca puso pega alguna la realización de tales labores de reparación ni dijo nada de que se tratara de un defectuoso mantenimiento, llegando incluso a realizar labores de reparación de la impermeabilización y de sellado de grietas y fisuras en febrero de 2016 tras una primera reclamación de la recurrente".
"¿Por qué no se denunció a la empresa constructora?" se preguntán algunos.
El Ayuntamiento, presidido por el alcalde y diputado popular José María Nieto Vaquero, reacio a avenirse a diálogos con la concesionaria, ha desistido de presentar apelación a la sentencia y por tanto el fallo del Contencioso "es definitivo". Además, en su decreto también hace referencia a un segundo procedimiento "que estaba en fase de presentar la demanda". De modo que el Ayuntamiento "reconoce la razón y da el caso por cerrado" según afirman fuentes judiciales.
La residenci de "Santa Marina", promovida y acogida con gran interés social, una residencia marcada desde el primer momento por los tiempos electorales. En el año 1999 entró como proyecto estrella en la mente del Equipo de Gobierno e inició su andadura constructiva a finales de abril de 2001. Fue inaugurada El diseño y el material constructivo utilizado llamaron la atención desde el primer momento.
