El Procurador del Común ha denunciado al alcalde de Villamayor de Campos, Mariano Fernández Benayas, ante la Fiscalía Provincial de Zamora tras ver que el regidor ignora sistemáticamente todos sus requerimientos, motivo por el que podría haber incurrido en un delito de incumplimiento de la obligación de auxilio, previsto en el artículo 502 del Código Penal.
El Ayuntamiento de esta localidad terracampina gobernado por el Partido Popular permanece paralizado desde las últimas elecciones municipales. Los plenos no se celebran con la regularidad que marca la ley y tampoco se presentan las cuentas, por lo que el municipio tiene retenidas las aportaciones económicas del Estado. Incluso las peticiones de plenos extraordinarios por parte de los concejales de la oposición han sido ignoradas.
Esta situación de paralización municipal llevó a los concejales del PSOE, Valentín Rodríguez, Pablo Calvo y Jesús de Caso a solicitar ante el Procurador del Común la convocatoria de dicho pleno extraordinario.
El defensor del pueblo autonómico contestaba a los socialistas el pasado 7 de febrero que en los dos últimos años han intentado ponerse en contacto con el señor alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villamayor de Campos "sin que este haya emitido respuesta alguna a nuestros requerimientos". La petición inicial de información por parte del Procurador del Común se remitió el 22 de agosto de 2016 y fue reiterada con fechas de 28 de agosto de 2016, 7 de noviembre de 2016, 15 de diciembre de 2016, 8 de marzo de 2017 y 18 de julio. Asimismo, la institución autonómica les comunicó que con fecha de 13 de diciembre de 2017 transmitieron el archivo a la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zamora.
El secretario de Política Municipal del PSOE de Zamora, Ángel Blanco, ha solicitado públicamente a la dirección del Partido Popular de Zamora que "intervengan en la normalización institucional, contable y administrativa del municipio". Blanco ha calificado la situación de "insostenible, antidemocrática y gravemente perjudicial para los intereses del municipio de Villamayor de Campos, porque se están vulnerando los derechos fundamentales de los concejales del PSOE a la información y al ejercicio de sus funciones como miembros del a Corporación, y por otra parte, porque se está poniendo en riesgo la estabilidad económica y financiera del Ayuntamiento con los consiguientes perjuicios para los vecinos y para la propia institución".
Por ello, reclama la intervención urgente del PP "para que inste al alcalde y a los concejales de Villamayor a la normalización institucional, administrativa y contable del Ayuntamiento, convocando el Pleno y atendiendo a los requerimientos tanto del Grupo Municipal Socialista como del Procurador del Común de Castilla y León".
El artículo 502 del Código Penal, reza:
1. Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
2. En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación.
