El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó ayer que su departamento intentará subsanar el "defecto" de forma por el que el Tribunal Superior ha anulado el decreto que regula el Plan de Gestión del Lobo. "Es fácilmente subsanable", explicó, la sentencia no es firme y cabe la posibilidad de recurrir. Suárez-Quiñones aclaró que el auto "no afecta para nada al fondo" del decreto y, por lo tanto, el Plan que regula la presencia de este cánido en la Comunidad "sigue vigente" como hasta ahora. "Tampoco afecta a la caza por cupos", expresó, simplemente, dijo, se trata de una "interpretación" sobre un trámite del Comité Técnico, uno de los órganos que se reúne para concluir la elaboración del Plan del Lobo. La Consejería ya ha encargado un estudio jurídico al departamento correspondiente para dar los siguientes pasos. "Nuestra obligación es adaptar el decreto tal y como nos pide el tribunal, que emite una opinión jurídica. Trataremos de implementarlo para que no sea necesario recurrir", insistió Suárez-Quiñones,
El procurador de Ciudadanos en Castilla y León David Castaño solicitó ayer la comparecencia de Juan Carlos Suárez Quiñones, para que valore, explique y dé soluciones al "revés judicial" que ha supuesto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. "Tras esta sentencia queda absolutamente en el aire el mandato de las Cortes de Castilla y León para modificar el estatus del lobo, al sur del Duero, de protegido a gestionable", ha explicado Castaño, quien ha apuntado que esta situación "perjudica gravemente el equilibrio entre la vida salvaje y la ganadería de la Comunidad". Recriminó al Ejecutivo que "no sea capaz" de cumplir ni de atender "ninguna normativa ambiental" y su "incapacidad" para tener un Plan de Gestión del Lobo adecuado a las necesidades de Castilla y León.
