El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha declarado nula la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Fonfría que regula las explotaciones apícolas en todas sus localidades, estimando el recurso presentado por la Asociación Cacereña de Apicultores. El Ayuntamiento alistano aún tiene la posibilidad de presentar recurso de casación ante la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo. El TSJ considera que la ordenanza entra en contradicción con el ordenamiento jurídico.

La norma aprobada por la Corporación Municipal de Fonfría, y publicada en el boletín del 13 de junio de 2016, prohibía los asentamientos de más de 70 colmenas, y establecía unas distancias mínimas respecto a núcleos de población, carreteras nacionales, vías comarcales y pecuarias, viviendas rurales habitadas y caminos vecinales, pistas forestales o de concentración parcelaria.

La misma obligaba a todos los apicultores a obtener una comunicación ambiental antes de instalar sus colmenas, y establecía una cuota de tres euros por colmena para asentamientos estantes, y cuatro euros por colmena para los trashumantes, aunque con una bonificación del 75% para los titulares de explotaciones apícolas que son vecinos del municipio y la exención total para las instalaciones de autoconsumo -menos de 15 colmenas- si sus titulares están empadronados en el Ayuntamiento de Fonfría.

Forman parte del mismo los pueblos de Arcillera, Bermillo de Alba, Brandilanes, Castro de Alcañices, Ceadea, Fornillos y Moveros. donde era aplicable la ordenanza reguladora de ordenación de explotaciones apícolas.

La misma ordenanza establecía también sanciones de hasta 1.000 euros a quienes incumplieran cualquiera de los artículos de la normativa, que el Ayuntamiento podía establecer a discreción en función de la gravedad de la infracción cometida.

Hace pocas semanas, el TSJ también anulaba gran parte del articulado de la ordenanza apícola de San Vitero, recurrida en ese caso por Asaja Salamanca y la Asociación de Apicultores Salmantinos. Concretamente, el tribunal anuló los artículos que imponían una tasa anual por colmena a todos los apicultores, el que establecía sanciones a los que no acataran la normativa, y un polémico artículo que pretendía prohibir el asentamiento de trashumantes en todo el término municipal.

Otros municipios de Aliste han aprobado en los dos o tres últimos años ordenanzas similares que tratan de regular la actividad apícola y, sobre todo, proteger a los productores locales frente a los trashumantes, que ahora pueden correr peligro visto el criterio del tribunal. Incluso desde la mancomunidad "Tierras de Aliste", en la que están representados los 12 municipios alistanos, se animó a todos los ayuntamientos a aprobar este tipo de ordenanzas, ya que la apicultura es una actividad que cada vez tiene más peso en la economía de la zona, y de la que viven cada vez más familias de la Raya.