La polémica suscitada por la proliferación de proyectos para la construcción de macrogranjas de porcino en la provincia de Zamora, y más concretamente en la comarca de Tierra de Campos y en el valle del Esla, ha llegado hasta las Cortes de Castilla y León de la mano de los procuradores del Grupo Mixto.
Por un lado, José Sarrión, de Izquierda Unida (IU), registraba la pasada semana tres preguntas a la Junta de Castilla y León sobre si tienen intención de continuar apostando por las macroexplotaciones en el sector ganadero, si han valorado la posibilidad de contaminación del suelo, el aire y el agua en la zona, y si piensa la Junta otorgar permiso para este tipo de explotaciones en una Reserva Natural como son las Lagunas de Villafáfila.
En su escrito, Sarrión destaca "la contestación vecinal" que está generando este tipo de proyectos que se concentran, sobre todo, en el entorno de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, lo que "supone un riesgo para un acuífero tan importante". Otros de los factores medioambientales que esgrime el procurador de IU son la incidencia de este tipo de explotaciones en la contaminación del suelo debido a los purines y que "se prevé un gran impacto sobre la calidad del aire de ido a los olores" que estas explotaciones generan. Por último, destaca Sarrión que este modelo de concentración del ganado en macroexplotaciones "no responde a las necesidades de desarrollo de las comarcas. La producción industrial y a escala de materia prima, la carne de cerdo, convierte a la zona en un proveedor de esta materia en su escala más baja de la cadena de valor. El tratamiento de la misma y la transformación de la misma, que es donde está el máximo valor añadido, se va a realizar fuera de la comarca y de la Comunidad".
Por su parte, Luis Mariano Santos, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), se ha movilizado contra el proyecto impulsado en Faramontanos de Tábara por la empresa catalana Batallé, una macrogranja de 12.000 lechones, sobre la cual el representante leonesista ha preguntado por escrito al Gobierno regional si tiene previsto otorgar la licencia de actividad, "siendo consciente de las consecuencias negativas que puede causar la misma en este municipio", qué opinión le merece a la Junta la contaminación de acuíferos o del aire que causan los purines de las macroexplotaciones ganaderas como esta, y qué acciones piensa llevar a cabo el Ejecutivo autonómico para evitar la instalación de una macroexplotación porcina en Faramontanos de Tábara "que pueda perjudicar los acuíferos y el aire en la zona".
El procurador de UPL ha presentado dichas preguntas a petición del Colectivo Ciudadanos del Reino de León, que señala que "este tipo de macroexplotaciones ganaderas no reportan beneficio alguno a los municipios donde se instalan, al contrario, perjudican a los pequeños ganaderos que son los que actualmente dan vida a los pueblos de la Región Leonesa, como Faramontanos de Tábara, manteniéndolos vivos".
En este sentido, los leonesistas consideran que "una macroexplotación porcina de este tipo, no responde en absoluto a las necesidades que pueda tener una comarca como la Tierra de Tábara para desarrollarse, ni conlleva ningún tipo de producción industrial en la zona, ya que solo serviría para sacar materia prima de la provincia de Zamora, sin realizarse en ésta los procesos productivos que realmente añaden valor y crean trabajo". Por este motivo, creen que se puede hablar "colonialismo interior", debido a que "la Región Leonesa pondría las materias primas y sufriría los daños medioambientales o de salud que estas macroexplotaciones pudiesen provocar, creándose la riqueza y los puestos de trabajo que generan los procesos de transformación en otros territorios, como Cataluña".
