El Juzgado de lo Penal ha dejado visto para sentencia el juicio seguido contra cinco integrantes del colectivo Lobo Marley, con su presidente Luis Miguel Domínguez a la cabeza, por un presunto delito de daños derivados del derribo de tres casetas de caza y avistamiento instaladas en la Reserva de la Caza de la Culebra, y el posible perjuicio en el aprovechamiento cinegético consecuente por no poder abatir el lobo y los cuatro ciervos autorizados al titular del coto.
La Fiscalía solicita para cada acusado de 7.200 euros (24 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros) con arresto sustitutorio en caso de impago, más el pago de 1/5 parte de las costas y, en lo tocante a la responsabilidad civil, una indemnización 4.036 euros, repartido entre la Junta de Castilla y León en la cantidad 1085, 77 más IVA, y otros 2.951,54 más IVA para el titular del aprovechamiento cinegético.
El letrado del cazador gipuzcoano A. V., arrendatario del coto de caza de Figueruela de Abajo, donde se denunció el derribo de dos casetas, fue más duro en su solicitud y pidió dos años y seis meses de prisión para los acusados, 6.480 euros (18 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros), y una indemnización de 5.323,12 por la destrucción de las casetas más 12.225 euros por la imposibilidad de poder llevar a cabo el aprovechamiento cinegético.
El número de denunciados, de letrados, de testigos, periodistas y socios o simpatizantes de Lobo Marley presentes obligó a mudar de lugar y en vez de celebrar la sesión judicial en el Juzgado de lo Penal se optó por hacerlo en la sala de lo Criminal, mucho más espaciosa.
Todos los acusados negaron haber participado en el desmantelamiento de las casetas y apuntaron que las imágenes aparecidas en el vídeo que sirvió de base para presentar la denuncia correspondías a fotografías de archivo montadas para dar lugar a un video de denuncia de muerte de lobos sirviéndose de puestos colocados en el monte y cebados para atraer al predador.
Fue una sesión "de intereses contrapuestos", donde una y otra parte trataron de impone sus criterios: de unas pruebas contundentes, por parte de la acusación, y de carencia de pruebas por parte de la defensa, con repetidas llamadas de la jueza para que se ciñeran al caso del procedimiento: los daños.
