La indignación está presente en el sector de los cazadores porque un importante número quedará excluido de cazar en terrenos públicos y las zonas de caza controlada de la comunidad de Castilla y León si previamente no proceden a federarse. Suman unas 30.000 hectáreas repartidas por las provincias de León, Salamanca, Burgos, Segovia y Soria a las que acuden cazadores de todas las provincias, incluidos un cierto número de zamoranos. Son escenarios de caza que no afectan a las Reservas regionales de Caza de La Culebra ni de las Lagunas de Villafáfila.
El convenio firmado por la Junta de Castilla y León con la Federación de Caza es calificado de "pelotazo" por responsables de algunos colectivos que destacan que "jóvenes, jubilados y cazadores que no tienen la menor intención de tomar parte en competición alguna, pero sí de disfrutar de la caza, deberán federarse si realmente quieren ejercer su afición cinegética en terrenos públicos".
Ponen de manifiesto que la Junta de Castilla y León cede la gestión "por incompetencia o falta de presupuesto", y critican que cedan esta gestión a la Federación en lugar de buscar solución en asociaciones locales que están en el territorio.
Gestores locales aseguran al respecto que lo del convenio "no es más que un eufemismo", y señalan que se trata "de un mangoneo vestido de convenio que traerá cola" porque hasta presumen que puede existir "prevaricación, tráfico de influencias y una manifiesta injusticia".
La Unión Nacional de Entidades de Caza (UNAC) ha hecho público un comunicado en el que considera "injusto que la Junta de Castilla y León a través de un convenio de colaboración con una federación deportiva, adjudique el control poblacional de especies cinegéticas en terrenos públicos con la condición de poseer una licencia federativa, dejando al margen a todos los cazadores con licencia de caza de la Comunidad Autónoma que no están federados".
La Junta de Castilla y León, indica la UNAC, "derogó el pasado mes de diciembre de 2016 la Orden que regulaba el ejercicio de la Caza en los Cotos Regionales de Caza y Zonas de Caza Controlada (terrenos cinegéticos), bajo la excusa de que no habían podido generar unos beneficios económicos a los propietarios privados y al elevado coste que la gestión cinegética de los mismos suponía para la Administración".
Expone que "los cotos regionales de Caza se crearon con la finalidad de facilitar el acceso al ejercicio de la caza a todos los cazadores que estuvieran en posesión de una licencia de caza, y las Zonas de Caza Controlada se constituyeron sobre Terrenos Vedados, en los que, por la superficie y características de orden físico y biológico, se consideraba conveniente establecer un plan de regulación y disfrute del aprovechamiento cinegético".
En el fondo es un negocio
La UNAC apunta que "en lugar de ceder el control de dichos espacios cinegéticos a las asociaciones de cazadores locales para que los cazadores y rehaleros con licencia de caza expedida por la comunidad autónoma lo hicieran sostenible en todos los sentidos; el 30 de mayo de 2017 la Junta de Castilla y León firma un Convenio con la Federación de Caza de Castilla y León, entidad deportiva que cobra una licencia federativa para formar parte de ella, al objeto de establecer la colaboración entre las partes en materia de realización de controles poblacionales sobre la fauna silvestre cinegética de dichas zonas".
La UNAC considera "poco acertado y un favoritismo hacia una entidad deportiva, que se discrimine a todos los cazadores, rehaleros y a sus asociaciones, favoreciendo a la Federación de Caza para que los cazadores que quieran participar en dicha labor de control poblacional, además, tengan la obligación de poseer una licencia federativa. Sería acertado y no discriminatorio, que la Junta de Castilla y León legislara para todos los cazadores y rehaleros castellanos leoneses con licencia de caza de la comunidad por igual".
"La gente posiblemente furtiveará las manchas y puede que ardan los montes" se aventura tras la decisión de quitar de cazar a aficionados del medio rural "que no tienen ni acceso al internet por el deficiente funcionamiento de este servicio en los pueblos". Ponen de relieve que este convenio "en el fondo es un negocio porque ahora será la Federación quien organice batidas que pueden suponer "varios cientos de tiros" a un precio que se cifra "entre cincuenta y setenta euros".
La provincia de Zamora no dispone de zonas de caza controlada, que se reparten entre las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Soria. Se trata, según especifica Medio Ambiente en su propia página sobre Caza, "de aquellos terrenos vedados o sobre zonas de seguridad (embalses, lagunas, islas interiores y terrenos de dominio público que los rodean) en los que, por superficie y caracteristicas de orden físico y biológico, se considera conveniente establecer un plan de regulación y disfrute del aprovechamiento cinegético".
