10 de septiembre de 2017
10.09.2017
Tierra del Pan

El juez exige a Roales que controle la carga contaminante de sus empresas

El fallo no obliga al municipio a pagar los 3,1 millones de euros que reclama Zamora por la depuración de sus aguas residuales entre 2004 y 2013

10.09.2017 | 01:47
Firma del convenio entre Roales y Zamora en 2008.

El Juzgado Contencioso-Administrativo Nº1 de Zamora no considera probado que el Ayuntamiento de Roales del Pan incumpliera el convenio firmado con el Consistorio de Zamora en 2008 para la depuración de sus aguas residuales en la estación de la ciudad cuando comenzó a devolver las facturas giradas desde la capital, y por lo tanto no obliga a Roales a pagar los 3,1 millones de euros reclamados por Zamora en concepto de los servicios prestados desde la puesta en funcionamiento de la EDAR en 2004 hasta 2013, cuando la Administración de Rosa Valdeón interpuso la demanda.

El magistrado sí considera, sin embargo, que Roales del Pan ha infringido el punto sexto de la cláusula segunda de dicho convenio en el que se comprometía a hacer cumplir a las empresas de su municipio su propia ordenanza de vertidos de aguas residuales, y condena al Ayuntamiento, sin costas, a llevar a cabo este trabajo. El Consistorio roaleño aprobó en 2006 una ordenanza que obligaba a todas las industrias y explotaciones a solicitar en el plazo de seis meses autorización para realizar vertidos en la red de alcantarillado, así como a disponer en sus conductos de desagüe de una arqueta de registro de libre acceso para la extracción de muestras. Sin embargo, en 2012 el secretario del Ayuntamiento emitía un informe reconociendo que no tenía "conocimiento de que la autorización fuera solicitada por las empresas o se hubiera requerido por la Administración".

Por tanto, el juez entiende que el Ayuntamiento de Roales no ha llevado a cabo "un control adecuado de los vertidos que generan las empresas del municipio que carecen de medidores de caudal de sus aguas residuales, así como de la carga contaminante de sus aguas", con el consiguiente "perjuicio y agravio comparativo que se genera respecto a otros usuarios de la red cuyos vertidos son perfectamente cuantificables". La actual alcaldesa de Roales, Berna Miguel (Adeiza), reconoce que cuando accedió al cargo hace dos años encontró que ninguna industria disponía de contador "ni se lo habían exigido", pero asegura que ya se están dando pasos para cumplir la ordenanza con analíticas periódicas -algunas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Zamora- y "pequeñas sanciones", que la mayoría de las empresas se han adaptado a la normativa, y que "aunque el agua no sale tan limpia como debería hemos avanzado mucho".

Los 3,1 millones de euros que reclamaba el Ayuntamiento de Zamora al de Roales son la suma de 2.374.924,33 euros por las aguas vertidas desde 2004 hasta 2008, cuando se firmó el convenio, y dos cantidades de 513.059,39 euros y 233.580,05 euros por todas las facturas giradas por el Ayuntamiento de Zamora y devueltas por Roales desde enero de 2009 hasta finales de 2013. De los primeros dos millones de euros el juez dice que es una cantidad fijada unilateralmente por el Consistorio de la capital en base a un documento de sus propios servicios municipales, sin intervención del Ayuntamiento de Roales y sin conocimiento del mismo. En el convenio entre ambas administraciones Roales se comprometía a pagar la deuda por costes pendientes desde 2004 a 2008 en un plazo de diez años, pero no admitía que la cantidad fuera esa.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Roales devolvió casi todas las facturas emitidas por Zamora desde 2009 hasta 2013, el entonces alcalde Miguel Ángel San Martín (PP) argumentaba que al caudalímetro instalado sin su consenso en el bosque de Valorio, a 4,5 kilómetros del término de Roales, llegaban aguas de La Hiniesta y Valcabado, además de posibles filtraciones de lluvia debido a un defecto en el medidor. El juez cree que la devolución de las facturas "no ha sido arbitraria o caprichosa", sino que "tenía suficiente base y justificación" ya que sus quejas se apoyaban en un informe del servicio de asistencia a municipios de la Diputación y en otro de un ingeniero del propio Ayuntamiento de Zamora, y que por tanto no puede concluirse que el impago suponga un incumplimiento del convenio entre los dos municipios. El texto, además, establecía que las lecturas mensuales del caudalímetro estarían controladas por personal designado por ambos ayuntamientos, y Roales siempre mostró su disconformidad con que el aparato estuviera en terreno zamorano e incluso comenzó obras para instalar dos nuevos medidores, aunque los trabajos fueron paralizados por carecer de licencia de la Confederación Hidrográfica del Duero. Tras las elecciones municipales de 2015, los nuevos regidores de Zamora y Roales acordaron instalar un nuevo medidor en la frontera entre ambos términos, y Roales comenzó a pagar las facturas, así como las adeudadas desde enero de 2014.

La actual alcaldesa de Roales, Berna Miguel, se siente "aliviada porque la sentencia de momento, no hipoteca a mi municipio de por vida, como supondría deber más de tres millones de euros", y a la vez "expectante" porque el fallo todavía puede ser recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, "espero que esto no sea la calma que precede a la tempestad", reconoce la primera edil. "No creo que hubiera una buena gestión de este tema en la época del señor San Martín, sí mucha suerte de tener en frente a alguien que gestionaba aún peor", abunda Miguel, quien añade que "no me arrepiento de haber pagado las facturas de 2014 y 2015, porque yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, no hacerlas mal y esperar a librarte porque el de enfrente también las hace mal". En este sentido, recuerda que durante los años en que se devolvían las facturas en Roales ni tan siquiera se recaudaba la tasa de saneamiento. Asimismo, teme que la falta de control a las empresas durante años "acabe teniendo consecuencias económicas para el Ayuntamiento en el futuro".

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