El Ayuntamiento de Morales del Vino ha sido condenado a pagar 19.600 euros en concepto de indemnización a la gestora que se encargaba de las nóminas y contrataciones de la administración local y con la que rescindieron el contrato el nuevo equipo de Gobierno "al detectar que no se estaban pagando las nóminas ni pagando las cotizaciones sociales de acuerdo al convenio", explica el alcalde Miguel Ángel Piorno.
La sentencia considera que se rescindió el contrato sin ajustarse al procedimiento legal, es decir, iniciando un expediente y abriendo un periodo para que la firma hubiera podido presentar sus alegaciones. Desde el Ayuntamiento se entendió que el procedimiento legal demoraría la resolución del problema que se había planteado con las nóminas y cuya solución pasaba por asumir directamente este cometido.
Inspección de Trabajo
El anterior equipo de Gobierno había contratado a la gestoría Tilco por un precio anual de 12.000 euros para encargarse de las nóminas, seguros sociales y contrataciones. Cuando llega el nuevo de Gobierno que preside Miguel Ángel Piorno detecta una "serie de deficiencias" en el pago de nóminas, extras y sueldos, ya que comprueban que no se ajustan al convenio aplicable a los empleados, incluida a la hasta entonces teniente de alcalde liberada Ana Mulas, que percibió emolumentos superiores a los que le correspondían, como quedó acreditado en una sentencia.
El Ayuntamiento recabó un informe de Inspección de Trabajo que indicaba que se había actuado negligentemente en el pago de nóminas y cotizaciones y con este aval decide rescindir el contrato de forma inmediata con el fin de regularizar cuanto antes la situación y solventar el problema. Sin embargo la empresa denuncia al Ayuntamiento ante el Juzgado Contencioso Administrativo al entender que el Consistorio ha cometido un incumplimiento de contrato, al no respetar el tiempo que tenía pactado y pedía una compensación de 33.320 euros.
Ahora el juez condena al Ayuntamiento de Morales a pagar una indemnización a Tilco, pero sólo de 19.600 euros, con el argumento básico de que el Consistorio no siguió los pasos administrativamente correctos para concretar la resolución del contrato. El Ayuntamiento tras un estudio concienzudo de la sentencia, decidirá en comisión de Gobierno si le compensa recurrir el fallo judicial o aquietarse y cumplir la sentencia.
