La nave de 20.000 pollos que pretendía construirse en las inmediaciones de la localidad de Torregamones quedó en agua de borrajas tras un periodo de denuncias vecinales y de procesos administrativos poco o nada resolutivos que fueron minando la iniciativa del vecino J. S P.

El promotor decidió dejar a un lado la puesta en marcha de la explotación avícola después de haber invertido en tramitaciones y trabajos previos "unos 15.000 euros".

Ha abandonado el empeño, además, con una evidente sensación de frustración y de desencanto por las dificultades que encuentran los vecinos del medio rural que tratan de abrir y, en consecuencia, crear puestos de trabajo y colaborar en el asentamiento de población que tan en boca está en las instituciones públicas. Máxime, como es el caso, si los impulsores se hallan dentro de un espacio protegido donde son aún mayores los requisitos y cumplimientos.

Pone de manifiesto que la puntilla vino por la exigencia de Iberdrola de que corriera por su cuenta con el gasto del tendido eléctrico necesario para dotar de suministro eléctrico a la nave, "que venían a ser unos 25.000 euros". La obra consistía en llevar la corriente desde los transformadores, situados en el propio pueblo, aunque la ejecución corriera a cargo de la propia compañía eléctrica, que luego quedaría como propietaria del tendido.

J. S. P. afirma que contaba con el proyecto pagado, con la explanación realizada y con las licencias administrativas correspondiente "por silencio administrativo", pero, al final, es un sueño incumplido.

Pone de manifiesto que la finca estaba nivelada y que ahora quedará "para que críen los pájaros". "Es lo que tenemos en la administración, y así es como se trata al medio rural" expresa desencantado el interesado que pretendía afianzar una explotación ganadera para ser atendidas "por dos familias".

La puesta en marcha de esta explotación fue motivo de la denuncia de un vecino por entender que vulneraba la legalidad medioambiental y también urbanística.

El Equipo de Gobierno municipal de Torregamones, tanto del PP como luego del PSOE, trasladaron las autorizaciones y los vistos buenos a las administraciones superiores, Junta de Castilla y León, y Diputación provincial, para no cargar al Ayuntamiento con otras responsabilidades que las propias de las licencias locales, siempre y cuando las otras dieran luz a las tramitaciones.