UPA-COAG pide medidas para controlar "población y enfermedades" de la fauna

La unión sindical quiere "hacer ver a la ciudadanía que es misión de toda la sociedad la correcta gestión del medio ambiente y de la fauna silvestre, sin que ésta dependa exclusivamente de los hombres y mujeres profesionales del campo, ni de los habitantes del medio rural, que no deben seguir siendo quienes cubran los costes y pérdidas que derivan de la conservación y recuperación de la fauna silvestre". Señala que "al tratarse de un patrimonio natural de todos, la responsabilidad debe recaer sobre el conjunto de la sociedad, a través de las Administraciones Públicas, que deben hacerse cargo de la gestión, el control y la compensación justa por los daños que ocasionen".

UPA-COAG demanda "soluciones efectivas a las Administraciones", y considera que "deben asumir plenamente la responsabilidad patrimonial de todos los daños y perjuicios producidos por los animales silvestres y, en su caso, la indemnización directa del 100% de los daños ocasionados". Además, pide "actualizar las políticas de indemnización por daños, ajustar los baremos establecidos para la valoración y compensación de los daños producidos (directos e indirectos) y el lucro cesante para los daños sobrevenidos en la ganadería y la agricultura".

Reclama, asimismo, "un control riguroso y efectivo sobre las especies silvestres y animales asilvestrados evitando una indebida proliferación con el fin de minimizar los daños". También "el control de enfermedades que la fauna salvaje puede transmitir a ganadería y animales domésticos y que pueden provocar importantes perjuicios económicos a los productores". UPA-COAG considera "necesario el desarrollo de programas de vigilancia, erradicación y apoyos económicos a las explotaciones afectadas, apostar por la gestión de los espacios naturales protegidos (control poblacional cuando sea necesario, gestión de la alimentación de las especies, etc.) y huir del argumento equivocado basado en que lo mejor para la protección de estos espacios es la no actuación o la no gestión".

Respecto al lobo señala que "toda medida de actuación que se emprenda con influencia sobre el medio, y en especial las encaminadas a la conservación y gestión del lobo, debe respetar al máximo la coexistencia entre éste y la actividad ganadera". En su criterio "debe sustentarse en hacer del ganadero el principal benefactor y garante de la existencia de la vida salvaje, y no el principal sujeto paciente, perjudicado y sufragante del lobo". La Alianza entiende que "el mayor conflicto viene generado por la expansión geográfica desmedida del lobo y su exponencial incremento poblacional, lo que deriva en un incremento del número de ataques en las explotaciones ganaderas, sin que la Administración arbitre medidas tendentes a la justa y rápida compensación y al inmediato y necesario control poblacional". Considera, además, que "sería importante equiparar el trato que se da en el caso de daños indirectos causados por oso pardo con los causados por lobo u otras especies". "La conservación y gestión del lobo debe ser considerada un servicio público, y no resulta aceptable que esta especie predadora, tan agresiva, se extienda a zonas con poca fauna silvestre, y se desarrolle a costa de los ganaderos" expresa la organización, que sostiene que, "salvo en determinados zonas y sus entornos, el lobo no debe extenderse y es necesario un control de la especie porque, de lo contrario el que desaparece es el ganadero. En la actualidad lo que está en peligro de extinción es la ganadería extensiva y las razas autóctonas, que realizan una función impagable en la limpieza de los montes, la regeneración de los pastos y el aprovechamiento de recursos naturales".

En cuanto al jabalí UPA-COAG indica que "es una las especies que mayor crecimiento poblacional y dispersión territorial ha tenido en los últimos años, y sus graves daños inciden tanto en la agricultura como en materiales y personales al provocar accidentes de tráfico que, en algunos casos, han conllevado la pérdida de vidas humanas". Resalta que el jabalí "es un vector importante de transmisión de enfermedades tanto a los cérvidos como a la cabaña ganadera". La Alianza cree necesario "equiparar el control sanitario de las granjas cinegéticas de jabalíes a los controles sanitarios de las explotaciones ganaderas". "El jabalí debe ser declarado de forma inmediata como plaga en todo el territorio de Castilla y León, y establecer las medidas para la reducción" sugiere la Unión.

Destaca, además, el gran crecimiento poblacional en los últimos años de otra especie: el conejo, sirviéndose "de las cunetas de las autovías y otras infraestructuras viarias, o las instalaciones eléctricas valladas donde se refugia de los depredadores". La Alianza pide que se "diagnostique la incidencia del conejo en ciertas comarcas donde se han constatado daños importantes y, donde es necesario, declararlo plaga tomar medidas para reducir el número de ejemplares".

Tocante a la avutarda, resalta que ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años, "hasta alcanzar el estado de conservación favorable y un número superior a las 14.000 avutardas del 2008". Indica que está muy extendida por toda la región, "preferentemente en camp iña cerealista, barbecho, forrajeras, leguminosas y pastizal y sus daños son abundantes y cuantiosos, pero únicamente se contempla la indemnización de daños en las zonas afectadas ubicadas en los límites de la Reserva Natural de Villafáfila en Zamora". UPA-COAG dice "no entender el acotamiento territorial en la indemnización de los daños".

Respecto a los cérvidos subraya que "los controles poblacionales que se han realizado hasta ahora no han servido para controlar las especies ni para minimizar los daños, sino que ha habido un aumento de daños en agricultura y de accidentes de tráfico".