El Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está llevando a cabo un control en el municipio de San Vitero en busca de construcciones no regularizadas para resolver la situación de estos inmuebles. La revisión de este municipio finalizará el día 30 de abril, y el Catastro ha enviado sus drones -vehículos no tripulados- para sobrevolar la localidad alistana en busca de incidencias.

Los modernos aparatos del ministerio ya han analizado un total de 1.246 inmuebles en San Vitero, según informan los expertos de Impuestalia -una agencia especializada en la optimización impositiva del IBI-, por lo que a lo largo de este mes comenzarán a recibir sus notificaciones los propietarios de construcciones en las que se haya detectado alguna posible incidencia, como nuevas construcciones sin registrar, ampliaciones y rehabilitaciones no comunicadas o reformas y cambios de uso.

Los planes iniciados por el ministerio de Cristóbal Montoro en 2013 incluyen la revisión de 247 municipios en toda la provincia de Zamora, 131 de los cuales ya fueron analizados en el primer trienio (2013-2016), en los cuales se detectaron 22.591 inmuebles irregulares, según datos recogidos por la agencia Ical.

Uno de los motivos de esta regularización es la adopción de medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas. Se pretenden incorporar al Catastro los inmuebles urbanos y rústicos que han cambiado con el fin de lograr la concordancia de los datos que posee la Administración con la realidad. Este hecho ha provocado que algunos contribuyentes tributaran menos por el IBI durante años.

Las edificaciones que el Ministerio de Hacienda está rastreando con el fin que pretende esta regularización que entró en vigor en 2013 son, entre otras, piscinas en patios o azoteas, cerramientos de balcones, adecuación de locales o cerramientos de porches o patios interiores para agrandar una estancia, entre muchos otros.

Según Carmen Villa, directora general de Impuestalia, "puede haber errores en las regularizaciones". Así, esta empresa estima que al menos en el 7% de los inmuebles a los que el catastro notifique una modificación del valor catastral podrían existir errores. "El contribuyente no debería conformarse con la resolución que reciba, y la mayoría de las veces no sabe a dónde acudir para comprobar estos datos. Lo ideal es revisar la documentación para estimar si es correcta y poder contrastar así si los datos de la nueva valoración están acorde con los factores y circunstancias reales de su inmueble", declara la experta.

La regularización conlleva una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, destinada a pagar los trámites administrativos que genere la actualización. Este importe se sumará al derivado del incremento del IBI por las construcciones o modificaciones que no se ha pagado en los años anteriores no prescritos. Cuando el contribuyente recibe en su domicilio la notificación se le comunica la propuesta de regularización por las discrepancias detectadas y la tasa correspondiente a pagar. En la notificación se incluye un Código Seguro de Verificación (CSV) que permite consultar, a través de la sede electrónica del Catastro, la situación de su inmueble antes y después de la regularización, para poder ver así las discrepancias detectadas. La propuesta del Catastro no será firme hasta que no transcurra el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones. La reclamación por disconformidad es una de las vías posibles.