El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asegura que "todas las decisiones tomadas respecto a la explotación de la planta (potabilizadora de Sayagua) corresponden exclusivamente y son responsabilidad de la propiedad de la instalación, la Mancomunidad de Sayagua, y la empresa contratada por ésta para llevar a cabo la explotación".
Así lo asegura en una respuesta por escrito a la procuradora de Podemos Zamora, María José Rodríguez Tobal, sobre los problemas del agua en la comarca. Y así lo revelaron ayer los miembros de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Sayago, que culpan directamente a la Mancomunidad Sayagua de los problemas de contaminación del agua que desde hace años están sufriendo los sayagueses porque ha permitido "que se quedara fuera de servicio una estación moderna y puntera".
Lorenzo Ferrero, uno de los representantes de esa plataforma, ha asegurado que "hemos estado en manos de gente incapaz, que no ha mirado por los intereses colectivos de la comarca".
Críticas que derivan de la información transmitida por el delegado de la Junta, Alberto Castro, a los alcaldes, confirmándoles que la solución a los problemas de contaminación del agua pasa por volver a poner en servicio el sistema que en su momento desactivó la empresa gestora del contrato de abastecimiento, Sayagua Servicios. "La Junta hizo una inversión de 5,5 millones de euros, con un sistema de depuración moderno; entregó un Mercedes (en referencia a un coche de alta gama) y la Mancomunidad lo ha convertido en chatarra".
Los miembros de la Plataforma se remiten también a respuesta del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones a Rodríguez Tobal, donde vuelve a confirmar que se ha dejado "fuera de servicio el sistema original de oxidación mediante dióxido de cloro y se ha sustituido por un depósito y una dosificadora de hipoclorito sódico".
Carlos Pedrero apuntó a la responsabilidad de la Junta, que está "consintiendo los desmanes del pasado y lo están pagando los sayagueses, que llevan bebiendo agua con trihalometanos desde hace más de 30 años. Estas formas de gestión del agua son feudales".
Apuntaron también los miembros de la plataforma que "ha habido una deslealtad con el origen de una subvención", en referencia a los 5,5 millones invertidos en 2004 por la administración regional para dotar de una instalación "que han dejado sin servicio".
