El Consejo Agrario Provincial de Zamora se ha constituido esta mañana bajo la presidencia del delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, como nuevo órgano de participación, asesoramiento, diálogo y consulta en materia agraria y de desarrollo rural circunscrito al ámbito provincial y que establece una interlocución reglada para analizar los problemas que puedan originarse. La ocasión también ha servido para presentar a la nueva jefa del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Rosa María Alonso.
Además de contar con el delegado territorial como presidente, el Consejo Agrario Provincial está formado por la vicepresidencia, correspondiente a la jefa del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, la Secretaría, y 11vocales, que están representados por cinco funcionarios del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería y seis representantes de las organizaciones profesionales agrarias con mayor representatividad en la provincia (cuatro Alianza por la Unidad del Campo Upa-Coag y dos Asaja).
Las organizaciones profesionales agrarias disponen, de este modo, de un foro de interacción con la Administración autonómica que les permite hacer planteamientos y tratar temas centrados en la provincia de Zamora.
El Consejo Agrario Provincial informará sobre todos aquellos asuntos específicos en materia agraria y de desarrollo rural que, en el ámbito provincial, sean sometidos a su consideración y podrá efectuar las sugerencias que se consideren convenientes respecto a aquellas políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de la actividad agraria en la provincia.
Asimismo, podrán proponer al Servicio Territorial competente en materia agraria los precios máximos y mínimos que habrán de regir en la provincia para el aprovechamiento de los diferentes tipos de pastos en cada zona ganadera; e informar preceptivamente en materia de ordenación de los recursos agropecuarios locales como es el caso de las ordenanzas de pastos, sus modificaciones, las alegaciones y reclamaciones formuladas sobre las mismas, así como la exclusión de fincas y municipios del régimen de ordenación común de pastos.
