"Quiero hacer una investigación sobre lo ocurrido tanto en el seminario de La Bañeza como en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, siempre y cuando haya base para hacerlo, pero al menos para llegar a una conclusión". El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, quiso ayer mostrarse contundente con el escándalo de abusos sexuales en la diócesis, que se ha visto acrecentado con una segunda denuncia contra otro sacerdote tras la condena al ex párroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón.
"Yo realmente lo que quiero es acabar con esto de una vez por todas y también se lo pido a la sociedad porque es un dolor en todo el mundo lo que se está haciendo con la infancia" confesó el prelado en su primera comparecencia pública desde que el 29 de enero este diario revelara el caso de pederastia del ex párroco de Tábara. "Haré todo lo posible para que en un futuro esto no se permita de ninguna de las maneras" expresó Juan Antonio Menéndez ante una nube de cámaras y periodistas, la mejor prueba del calado que tienen los delitos de pederastia en la sociedad.
"Manifiesto mi firme voluntad de resolver de una vez por todas este grave problema y de poner todos los medios para que nunca más se repitan" expresó el obispo de Astorga. Medios que pasan por la aplicación de "nuevos protocolos de actuación con menores y de prevención dirigidos a todos los agentes de pastoral diocesanos". Entre ellos está la exigencia de un certificado de antecedentes penales, similar al que se pide a los docentes que trabajan con menores.
Con la nueva denuncia sobre la mesa de un ex seminarista de La Bañeza contra otro sacerdote de la diócesis por presuntos abusos sexuales ocurridos en el año 1978, el obispo de Astorga confirmó que ésta -al igual que las que le puedan llegar del Juan XXIII- se investigará "con celeridad y prontitud, siguiendo los protocolos que tiene establecidos la Congregación para la Doctrina de la Fe de Roma y la Conferencia Episcopal Española".
Protocolos que pasan por una "investigación preliminar", para lo cual designará a una persona que instruya las diligencias y las conclusiones se enviarán a la Santa Sede, "que es la que tiene la competencia. Los obispos solo somos meros transmisores porque no tenemos potestad sobre estas cuestiones".
El obispo apuntó que "aunque sean delitos que ya hayan prescrito civil y canónicamente, dichas denuncias son un acicate para tutelar mejor a nuestros menores y para garantizar a todos que las instituciones eclesiales de Astorga son un lugar seguro para la infancia y la juventud".
Con casos que se remontan a los años 70 y 80, Menéndez incidió el hecho de que la Santa Sede levante la prescripción canónica y en que "a lo mejor no hay delito, pero ciertamente es una situación muy dolorosa para la diócesis y para las propias personas que supuestamente dicen que han sido víctimas. Y también para los sacerdotes, que están sufriendo mucho por esta situación".
Acompañado en su comparecencia por el vicario judicial, Julio Alonso, que ha sido el instructor del proceso penal contra José Manuel Ramos Gordón, el obispo de Astorga no rehuyó ninguna pregunta de los periodistas. Y tras insistir, en el comunicado leído al inicio de su comparecencia, en los hechos "deplorables, moralmente inaceptables e intolerables" admitidos por el sacerdote, aseguró que la pena de privación del oficio de párroco durante un periodo "no inferior a un año" ha sido "justa y proporcionada a la gravedad de los hechos". Contestó así a las voces que han cuestionado el castigo a Ramos Gordón, empezando por su propia víctima y denunciante de los abusos sexuales, el exseminarista F. L. que no dudó en calificar de "ridícula" la pena de un año.
Juan Antonio Menéndez aseguró que la condena por los "tocamientos a menores con fin libidinoso" en el seminario menor de La Bañeza es "firme y definitiva", confirmada por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El obispo de Astorga certificó que después de hablar con la víctima de los abusos sexuales a él y a su hermano cuando tenían 13 años, el propio condenado "me pidió la jubilación, si eso ayudaba al exseminarista a recuperarse, y yo se la acepté".
¿Qué implica la jubilación canónica? "Significa que no tiene ningún cargo de responsabilidad, pero los sacerdotes jubilados siguen celebrando misa o echando una mano a otros sacerdotes" precisó el prelado de Astorga. Una vez que pase el año impuesto en la privación del oficio de párroco, "hay que revisar con la persona acompañante cómo ha ido todo, comunicarlo a la Santa Sede y ver qué se hace" aclaró el máximo responsable de la diócesis, para asegurar después que Ramos Gordón "no volverá a ninguna parroquia porque está jubilado. Podría ayudar, pero no con responsabilidad sobre ningún cargo pastoral en la diócesis".
Respecto a un posible resarcimiento económico de la víctima, Menéndez aseguró que "no consta" que lo haya pedido "ni la condena tampoco lo contempla". La realidad es que la víctima tiene presentada, tanto en el Obispado como en la Santa Sede, una reclamación de indemnización de daños y perjuicios que, de momento, no ha recibido contestación. En todo caso, el obispo aclaró que "sin una sentencia civil ni canónica que respalde esto (la posible indemnización), yo no puedo realmente hacerlo; sería por mi parte malversación de fondos".
Ni siquiera contempló la posibilidad de que la víctima recibiera un resarcimiento "como en otras partes del mundo", tal y como le habría apuntado a lo largo del proceso el vicario judicial, Julio Alonso. "Eso no se contempla en España porque aquí los tribunales civiles, en un caso de este tipo, el mayor resarcimiento que han dado es de 11.000 ó 13.000 euros".
