«Más que un castigo parecen unas vacaciones». La pena comunicada en mayo de 2016 de «un periodo no inferior a un año» apartado de la misión parroquial y unos ejercicios espirituales impuesta al sacerdote José Manuel Ramos Gordón por abusar de menores, es claramente «insuficiente y ridícula» para F. L., víctima de la actuación del pederasta que durante todo el proceso canónico no dispuso de abogado. Este hecho sorprendió incluso al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, y así se lo expresó en una de las reuniones celebradas en la sede episcopal.
Por ello, ha sido una vez concluido el proceso penal canónico cuando F. L. ha pedido al Tribunal Eclesiástico la incoación de un expediente para que se resuelvan los daños y perjuicios que le causaron. «Son daños no solo físicos, sino también psicológicos que perduran toda la vida y sobre todo teniendo en cuenta la incomprensión del resto de las instituciones eclesiales que en lugar de poner freno a esta conducta, la esconden, tapan y a lo sumo trasladan a otro puesto en el seno de la iglesia a su autor».
Esa disconformidad ante la resolución de proceso la expresa en una carta (la segunda) remitida al papa Francisco el 4 de noviembre de 2016. «Me dijeron que al verdugo de mi niñez ya se le prohibía oficiar misa, que no podría hacerlo más ya que quedaba jubilado de su oficio pastoral, y para mi sorpresa se de primera mano que no se ha cumplido. Santidad, ¿cómo cree que me siento?». En un comunicado oficial el 29 de enero a raíz de la noticia publicada por este diario, el Obispado de Astorga revelaba que desde agosto de 2016 Ramos Gordón «no tiene ninguna responsabilidad eclesial», algo que de lo que nunca se informó a la víctima.
Por ello, en esa segunda carta a Francisco I, el exseminarista se confiesa «engañado». Todo después de que en el proceso el juez canónico manifestara que «lo importante era resarcirme» y el obispo de Astorga dijera expresamente por escrito que la «voluntad de la iglesia es reparar el daño causado».
F. L. revela al pontífice una conversación con el juez canóni- co a raíz de la denuncia por los abusos sexuales. «Una de las preguntas fue saber qué era lo que pedía y quería. De hecho, esa cuestión me fue planteada más de una vez. Ante tal pregunta y no sé si por vergüenza o por nervios, no pude contestar, ¿Qué precio le pones a tu niñez?. Al ver que no sabía qué decir, el Rev. Julio dijo;- «Si te ofrecemos cincuenta mil euros, puedes sentirte ofendido", ante tal afirmación pregunté si se estaba hablando de un resarcimiento económico, la respuesta por ambas partes de los allí presentes fue: "Claro". No sabía que decir, ni que cifra estipular a si pues el Rev. Julio añadió: "Tú fíate de estos dos curas y pon como en otras partes del mundo". Así lo hice».
Sin embargo F. L. nunca recibió propuesta alguna, a pesar que fueron los propios representantes eclesiásticos quienes expresaron: «Esperemos que al final del proceso quedes satisfecho».
Pasado el tiempo la Iglesia descartó la indemnización económica, aunque el obispo Juan Antonio Menéndez sí planteó la jubilación canónica de José Manuel Ramos Gordón, «si esto contribuye a subsanar los daños». El propio prelado se mostró dispuesto a aceptarla, «si a usted le ayuda esta situación» llegó a manifestar el obispo.
Pero la realidad es que a la víctima no se le llegó a comunicar ninguna resolución en ese sentido, como tampoco del decreto de cese de todos los cargos de las parroquias. Hasta que el pasado 29 de enero se enteró por los medios de comunicación que desde agosto de 2016 el sacerdote no tiene ninguna responsabilidad eclesial.
