La Alianza UPA-COAG muestra su apoyo a las cooperativas de Castilla y León para que puedan seguir prestando los servicios de distribución del carburante a través de sus gasolineras sin que sea obligatoria la presencia de personal en las mismas, y hacen un llamamiento al Gobierno regional para que atienda una reivindicación "que es de justicia y tiene un carácter social por el servicio que se presta en el medio rural, mayoritariamente a los socios agricultores, allí donde no hay otra manera de repostar combustible a no ser que se desplacen varias decenas de kilómetros.

Estas dos organizaciones agrarias consideran "imprescindible" este servicio que prestan las cooperativas, puesto que pueden prestar un servicio básico de noche y durante las jornadas festivas, mediante tarjeta, en zonas donde no existe la posibilidad de hacerlo en un radio de acción de 20-30 kilómetros, además de recalcar que "surten un carburante de primera calidad".

La Alianza achaca la aplicación de esta normativa regional a "la presión ejercida por las grandes estaciones de servicio que ven en las cooperativas una competencia directa a sus intereses por los precios más económicos que aplican estas, así, como por la mejor calidad de su producto". En este sentido, aclaran que "existe una enorme falacia en algunos argumentos que se están utilizando para obligar a todos los distribuidores a contar con personal de continuo, cuando por ejemplo en supermercados o estaciones de autoservicio de autovías y autopistas la persona destinada a esa labor suele estar para atender personalmente la venta de otros productos que nada tienen que ver con el suministro de combustible, o para el cobro en caja". Otro argumento esgrimido por las grandes gasolineras, que UPA-COAG considera falaz, se refiere a la seguridad en la manipulación de productos, ya que desde hace tiempo las cooperativas se ven obligadas a aplicar en sus instalaciones protocolos de seguridad automática.

La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) presentará la próxima semana en las Cortes de Castilla y León una Iniciativa Legislativa Popular que pretende tumbar los artículos del Estatuto de Consumidores de Castilla y León que establecen esa obligatoriedad de disponer de personal en todo momento en las estaciones de reportaje. La ILP irá acompañada de 16.000 firmas -el 0,75% del censo regional-, y aunque confían en que salga adelante, las cooperativas agrarias advierten que si esta obligación permanece podría suponer el cierre de sus gasolineras, dejando a muchos pueblos de la Comunidad sin un servicio imprescindible, sobre todo para los agricultores.