Empresarios mineros e ingenieros de Minas de Zamora mantienen su oposición a que los expedientes manejados en un sector con tantos intereses como el minero fueran puestos en manos de técnicos o empresas competidoras como lo sucedido con Siemcalsa.

Califican "de tomadura de pelo y un insulto a las personas cuyo trabajo y supervivencia de empresas y empleados depende en gran parte de actuaciones y tramitaciones de la Administración", que técnicos de la empresa público-privada Siemcalsa haya tenido acceso a determinados expedientes sobre la gestión de residuos en el Servicio de Industria de Zamora. Un acceso autorizado por la Junta de Castilla y León para cumplir con la Directiva Europea sobre los residuos de las industrias extractivas.

Exponen que la jefa del Servicio de Industria, Comercio y Turismo Leticia García "parece ignorar que el acceso a documentos de procedimientos y archivos de la Administración Pública conlleva ponderar conceptos tan relevantes jurídicamente como son las información y la protección de datos, así como la confrontación de leyes correspondiente a cada ámbitos para entender en qué supuestos y cuándo debe hacerse efectivo ese acceso".

Hacen referencia a que "sabiendo que los expedientes administrativos contienen datos personales, podemos pensar que el acceso a esos documentos puede suponer una revelación de los datos de unas personas a otras, sobre todo en el caso de que en los documentos aparezcan datos de personas distintas a las que realiza la solicitud de acceso". Aluden a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal para indicar que "regula la cesión de datos personales partiendo de la base de que éstos solamente podrán ser comunicados a un tercero con el previo consentimiento del interesado". Manifiestan empresarios del sector minero que "es un principio básico que la persona a quien hacen referencia los datos deba consentir la cesión de los mismos".

Destacan que en el caso de que el ciudadano solicite el acceso a los documentos el expediente está abierto, en trámite, el acceso podrá ser ejercido si este ciudadano "interesado" es interesado en el expediente. Señalan que "la Administración debería informar al titular de los datos la existencia de la solicitud de acceso a los documentos de una persona y que de este modo pueda ser ejercido su derecho de oposición a que se muestren sus datos de carácter personal".

Empresarios e ingenieros del sector extractivo reiteran que "el acceso a los documentos de procedimientos y archivos de la Administración Pública, en relación a datos personales, requiere la intervención de diversas normativas porque hay muchos conceptos importantes involucrados, lo que comporta estudiar cada caso". Al respecto precisan que "si no existe consentimiento del titular de los datos cabe comprobar si se trata de procedimientos abiertos o cerrados en el momento de la solicitud y del tipo de datos personales, ya sean íntimos o nominales". En su criterio, en el plano jurídico, en los expedientes en curso los derechos lo ostentan los interesados, y en los expedientes terminados el derecho lo ostentan el común de los ciudadanos, con excepciones relativas a la intimidad, disciplinarios.