El Ministerio Fiscal solicitó ayer para el representante de la asociación ecologista Lobo Marley, Miguel Domínguez Mencía, una multa de 150 euros y 368 euros de indemnización por los daños ocasionados por la destrucción de una caseta de caza en el Alto de la Pedrera en el coto de caza de Mombuey, al considerar el Ministerio Público acredita su autoría. La Fiscalía pidió la misma multa, 150 euros, para cada una de las tres personas, Joaquín Jesús Prada Redondo, Ángel Manuel Sánchez Sánchez y Mariano Valencia González, denunciadas por estos mismos hechos.
En cuanto a la denuncia por la destrucción de otra caseta de caza en el coto de San Salvador de Palazuelo, no queda suficientemente identificado, en el vídeo de la propia asociación ecologista colgado en su página web, ni hay inspección ocular que acredite los daños denunciados en el coto de San Salvador.
La vista oral se celebró ayer en el Juzgado de Instrucción de Puebla con la comparecencia del denunciante, Eduardo Blanco Suárez, en representación de la sociedad Gesturcaza y la Asociación de Cazadores y Pescadores de Zamora. Los cuatro denunciados, por su parte, se acogieron a su derecho de formular sus alegaciones por escrito, aunque sin justificar su ausencia como apuntó el titular del juzgado. El juez recondujo en varias ocasiones los interrogatorios de las partes para que se ciñeran "a uno hechos y unos daños concretos" y no convertir la vista en juicio sobre caza y ecologismo.
El denunciante se ratificó en su denuncia de los daños en las casetas colocadas para la caza en aguardo provocados los días 19 y 20 de febrero de 2015, además de identificar las casetas de sus cotos. Para justificar el lucro cesante, Blanco precisó que lleva 15 años dedicados a esta actividad de manera legal y con todos los permisos. En esos cotos tenía concedidos los permisos de lobo que no se pudo cazar, por la destrucción de las casetas y el uso de repelentes, como reconocía Domínguez en uno de los vídeos de la asociación. La Junta de Castilla y León denegó una prórroga para la caza, ya que la época de caza de esta especie expiraba en febrero. Blanco constató, mediante acta notarial, la coincidencia de los parajes donde se produjeron los destrozos, documento aportado al auto
El escrito de calificación de la acusación pedía la máxima multa, 600 euros para los cuatro acusados, el pago de los daños por las dos casetas de 368 y 168 euros respectivamente, el lucro cesante de 6.534 euros por no cazar el lobo autorizado en el coto y el valor de los dos cebos utilizados para atraer al lobo y rociados por los miembros de la asociación con repelente, 3.087 euros para una hembra de cierva y 6.174 de un macho con sus correspondientes precintos. El letrado de la acusación, Alberto Sendín Caballero, apuntó a la asociación Lobo Marley como responsable subsidiaria de las consecuencias de los actos de su presidente y las otras tres personas en calidad de vocales. Para el letrado la actuación de Domínguez y las otras personas fue un desafío pleno al estado de Derecho, además de hacer "alarde y jactancia pública" de la destrucción de las casetas de caza.
Las defensas de los cuatro acusados, negaron los hechos y pidieron la libre absolución con los pronunciamientos favorables para sus patrocinados. Hicieron constar su protesta por la admisión de dos vídeos supuestamente de la propia asociación donde aparecía la caseta de Mombuey destrozada. Las abogadas hicieron hincapié en una posible manipulación de los vídeos, ya que no se visionaron directamente de la página web de la asociación. Para la defensa, el denunciante en el momento de los hechos no era el titular de los derechos cinegéticos al entender que el contrato por el aprovechamiento del coto de Mombuey no era válido ya que había caducado, como tampoco estaba autorizado para reclamar los daños.
