El ganadero de Peque, Rafael Lobato, espera que la Agencia de Protección de Datos o la Fiscalía inicien una investigación por la que se hace pública una presunta "incapacidad por enfermedad psiquiátrica" que, en su criterio, es un paso más en el intento de desacreditarlo y anularlo como ganadero, y de solucionar así el problema de un camino de acceso a la nave que lleva desde el año 2007 envuelto en la polémica, con informes contradictorios y siendo fuente de denuncias de todo tipo.

La aparición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de un acta plenaria, haciendo referencia a unas diligencias de posible incapacidad de Lobato por razones psiquiátricas, le ha llevado a exigir informaciones sobre esta publicidad y por las referidas diligencias.

Pone de manifiesto que han sido iniciadas a consecuencia de una denuncia realizada, según afirma, "por venganza" de un denunciado por el posible ejercicio profesional "en horario improcedente y sin la habilitación nacional requerida".

Sobre esta posible enfermedad fue citado a un reconocimiento forense el pasado mayo, sin tener conocimiento previo de los pormenores de la demanda, negándose a este análisis por considerarlo "un acoso más y tras los consejos de juristas y especialistas en Psiquiatría". Interesado sobre el particular en la Dirección General de Asistencia Sanitaria, este servicio niega que "la demarcación asistencia de la localidad de Peque haya realizado informe alguno sobre su estado de salud, ni firmado ni facilitado documento alguno". Tampoco el Servicio de Psiquiatría del complejo asistencial ha realizado informe alguno y afirma, además, "velar por el cumplimiento del deber de comunicación en los cauces previstos".

Ante este nuevo frente, muy alejado del puro quehacer ganadero, Lobato, que lleva consigo una sorprendente cronología de los hechos, recurrió a un especialista que en su estudio psiquiátrico destaca "la ausencia completa de trastorno psicótico, con un curso y contenido de pensamiento completamente coherente y buena estructuración". Admite que "presenta ansiedad somatizada con un descenso moderado de su ánimo". Expone además el especialista "la no existencia de enfermedad esquizofrénica ni paranoide".

"Pensamiento coherente"

Rafael Lobato considera que "se ha entrado en la vulneración de la intimidad de la persona y de los derechos básicos por venganza personal y para causar el máximo daño tanto a mi persona como a mi familia". Insiste el ganadero de Peque en que "quieren solucionar el asunto del camino incapacitándome para no denunciar a los posibles responsables".

El pasado diciembre solicitó al Ayuntamiento de Peque una certificación sobre el informe de la incapacidad "para estudiar las posibles acciones legales".

Es una brega, en este caso llevado al aspecto mental, que viene a añadirse a la lucha por conseguir sacar adelante la explotación de ovino tras casi una década de incesante ajetreo ante los juzgados y organismos de toda naturaleza, tanto a nivel zonal, como provincial, como regional y nacional. Años antes, siendo alcalde de Peque, vivió un calvario por solicitar información sobre la implantación del cementerio nuclear, y fue el primer alcalde que sufrió durante días y días el escrache que años más tarde se pondría de moda en las principales ciudades del reino. Un movimiento liderado entonces por representantes del Partido Popular, cuyo partido terminaría por convertirlo en una acción punible.

Pero su verdadero calvario comenzó en el año 2007, tras haber sido dejado sin acceso a la nave, de ser sancionado por dejar los cadáveres de los animales muertos en un remolque situado al borde de la finca al que no tenía acceso el vehículo del servicio de recogida, de ser sancionado por sacarlos hasta un finca accesible a los vehículos del citado servicio, de conseguir echar por tierra una abusiva tasa por oveja de seis euros y de sobreponerse a dos retiradas de la licencia de actividad ganadera. En su trayectoria cuenta con informes contradictorios que afirman que "el camino está en perfecto estado" y otros que dicen "ser intransitable para vehículos".

El proyecto de la concentración parcelaria, que algunos responsables de la Administración daban por la solución a todos los males, ha terminado por quedar en agua de borrajas. "Se gastaron los fondos europeos en algo que, al final, no ha servido para nada" dice Lobato. Señala que "alguien ser responsable de cortar viejos caminos sin abrir los nuevos o de no pedir la restitución de la legalidad". "No es entendible no cumplir la Ley" añade.

Además, es de los ganaderos que también se ha visto perjudicado por el pago de la PAC. Una parcela de 140 hectáreas de las que el Ayuntamiento le había certificado 115 quedó al final en nada tras una inspección de los ingenieros que consideran que no cuenta con pastos. "Ni un metro cuadrado de pasto en un valle" expresa.

Consecuencia de todo este enfrentamiento es la denuncia ante el Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que Rafael Lobato demanda una elevada cantidad (más de 200.000 euros) por los daños derivados de una actitud que no duda en calificar "de acoso". Es una situación que también ha puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria.

Basta indicar que el legajo documental del expediente de Rafael Lobato tiene ya el volumen y el peso de una gran paca de paja.