Los problemas de potabilización en los sistemas de abastecimiento del mundo rural han obligado a la Diputación a encarar una creciente inversión durante los últimos años. También a los ayuntamientos, cuyas limitadas posibilidades económicas abren un nuevo desafío que armonice el buen servicio a los vecinos con la capacidad financiera que permita mantener estas nuevas infraestructuras montadas para asegurar la potabilidad del agua.
La realidad es que el correcto estado del agua de consumo se avecina como todo un reto para las administraciones públicas, sabedoras de que los cada vez más exigentes parámetros de calidad pueden obligar a instalar modernos sistemas que conllevan un coste. "Nuestro compromiso es llevar el agua potable a cada grifo de la provincia" declara Juan Dúo, diputado de Medio Ambiente, en consonancia con los objetivos que se ha marcado la institución provincial.
Los datos hablan por sí solos. Desde el año 2011 hasta ahora la Diputación ha invertido cerca de tres millones de euros en nuevas infraestructuras y otras medidas para resolver la contaminación del agua. Porque son cada vez más los pueblos donde las analíticas oficiales y obligadas por ley declaran el agua no apta para el consumo debido a excesivos niveles ya sea de arsénico, nitratos, fluoruros o cloruros.
Una situación que en el periodo de cinco años ha obligado a instalar plantas de potabilización en treinta pueblos zamoranos. El plan de actuaciones no para. Este año están pendientes de licitar otras nueve obras en Villamayor de Campos, Benegiles, Moreruela de los Infanzones, Tardemézar, Casaseca de las Chanas, Madridanos, Palacios de Sanabria, El Perdigón y Mayalde.
Se trata de obras que comenzarán "a primeros de año; se han iniciado los expedientes y tardarán poco tiempo en iniciarse" precisa Juan Dúo, diputado de Medio Ambiente. Y otros cuatro proyectos más están en previsión en San Vitero, Piedrahíta, Andavías y Perilla de Castro.
De acuerdo con los datos facilitados por el servicio de Medio Ambiente de la Diputación otras dos obras están pendientes de finalización; por un lado el sistema de filtración en Castro de Alcañices, donde los vecinos llevan años soportando el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna. Y el otro proyecto es la planta de tratamiento de Abezames, recién adjudicada y pendiente de contrato.
Una sucesión de actuaciones enfocadas a solucionar los problemas de potabilización que tendrán continuidad en años venideros. A ello responde el ambicioso estudio encargado por la Diputación que pretende exponer una radiografía "pueblo a pueblo" del sistema de abastecimiento "desde el pozo de sondeo hasta el grifo de las casas" precisa Juan Dúo.
El estudio comenzará con los pueblos "que presentan mayores problemas para actuar cuanto antes y continuará con el resto con la idea de disponer de todos los datos este mismo año" apunta el responsable de Medio Ambiente.
Actuaciones que obligan a una dotación económica ya que la Diputación asume el 90% de las obras de las plantas potabilizadoras y el 10% restante corre a cargo de los ayuntamientos. Ello explica el incremento progresivo de esta partida en los presupuestos provinciales. "El año pasado habilitamos 500.000 euros para el plan de sequía y este año hemos aumentado a 700.000 más 200.000 para el estudio de necesidades" apunta Dúo.
La financiación no se limita a la instalación de las potabilizadoras. La ejecución de estos proyectos lleva sus trámites, lo que obliga a arbitrar soluciones inmediatas desde que surge un problema de contaminación de aguas. Y éstas pasan, bien por el abastecimiento de cisternas o el más moderno sistema de potabilizadoras portátiles. Se trata de pequeñas plantas que actúan como fuentes de agua potable, dado que se enganchan a la red municipal y proporcionan el agua en cualquier momento del día, con un caudal de 3 a 5 milímetros cúbicos/día. Un sistema que "para localidades en torno a los 500 habitantes ha resultado viable". En este momento operan estos equipos en Moreruela de los Infanzones, Pobladura de Valderaduey, Villamayor de Campos y Manganeses de la Lampreana.
Las potabilizadoras portátiles, que dan solución provisional a los pueblos cuyo agua se ha declarado no apto para consumo, suponen un coste mensual de 494 euros, de los que ayuntamientos abonan el 15% (74 euros mensuales) y el resto lo asume la Diputación.
