La Fiscalía provincial de Zamora solicita la imposición de "ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público" tanto para el alcalde de Rosinos de la Requejada, actual diputado por la comarca de Sanabria-Carballeda, Ángel Prada Barrios, como para su hija M. C. P., por la presunta comisión de un delito de prevaricación.

También pide que se imponga a ambos "las costas del procedimiento". Sostiene el Ministerio Fiscal en sus conclusiones que tanto el padre como la hija "son conocedores de la existencia de irregularidades administrativas en su actuación, vulnerando de forma expresa y abiertamente la regulación que rige la contratación laboral y administrativa en la entidad local de la que formaron parte".

Todo se inició el 24 de octubre del año 2005, cuando se convocó para cubrir con personal interino el puesto de Secretaria-Intervención de la clase tercera de la Agrupación de Municipios de Rosinos de la Requejada y Palacios de Sanabria, que fue adjudicado a la acusada a propuesta del órgano de selección, presidido por el padre y acusado Ángel Prada, presidente además de la Agrupación.

Para la Fiscalía "era evidente que la acusada incumplía flagrantemente las normas establecidas para acceder a dicha convocatoria ya que la base tercera del concurso establecía con claridad que los aspirantes no debían estar incursos en causa de incompatibilidad". En este caso, indica, se daba en la aspirante M. C. P porque "en ese momento trabajaba como personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Galende", presidido entonces por el también popular Villasante Carnero.

En su escrito, la Fiscalía señala que la aspirante, en su declaración jurada, manifestó que "no estaba incursa en causa de incompatibilidad cuando era palmario y evidente que incurría en incompatibilidad conforme a la regulación que afecta a dicho tipo de contrataciones, y vulneraba el Decreto de selección de personal interino para los puestos reservados a funcionarios de habilitación nacional de la Junta de Castilla y León".

La Fiscalía apunta que, "pese a la vulneración de la citada normativa, M. C. P. tomó posesión del cargo el 22 de noviembre de 2005, simultaneando ambos cargos hasta el mes de noviembre de 2011, en el que, como consecuencia de la denuncia de un particular, se tuvo conocimiento de la irregular situación de la misma, percibiendo los ingresos correspondientes en ambos puestos de trabajo durante dicho periodo de tiempo".

La Fiscalía también expone que tanto padre como hija," conocedores de la irregularidad cometida, y sabiendo que por parte de la Dirección General de Ordenación y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León se iba a proceder a la revocación de su nombramiento como funcionaria interina en el puesto de Secretaria de la Agrupación de Rosinos, actuaron de común acuerdo con la finalidad de impedir la actuación sancionadora, y decidieron que M. C. P. solicitara la excedencia voluntaria en el puesto de trabajo del Ayuntamiento de Galende".