La Alcaldía de Galende presentó el 16 de noviembre una solicitud de fiscalización de la situación económica del Ayuntamiento ante el Consejo de Cuentas, con aportación específica de numerosa documentación de varias irregularidades detectadas, a raíz del informe de situación realizado en el mes de septiembre. El alcalde de Galende, José Manuel Prieto Ramos, desveló esta actuación en respuesta a las acusaciones de Ahora Decide contra la gestión municipal al no tramitar de manera urgente una auditoría de cuentas sobre el estado económico del Ayuntamiento. "Cuando llegamos al Ayuntamiento estaba en situación de caos, o mejor dicho de doble caos". Censuró la petición del portavoz de Ahora Decide, José Rodríguez Ballesteros, "que es como un avión que no ve la entrada para aterrizar en el Ayuntamiento de Galende". Señaló que "los vecinos quieren en el Ayuntamiento personas normales que resuelvan los problemas y no salvadores de la patria".

El Ayuntamiento "no se dirige como un despacho de abogados, sino con sentido común". Así de los 13 procesos en que está metido el Ayuntamiento el grupo socialista ha optado por retirar el mayor número posible de la vía judicial. Prieto precisó que se han establecido unas prioridades, "la principal es resolver la gestión del agua, para que los vecinos tengan paz". Prieto reiteró que está abierto al diálogo con todos los grupos "a sacar soluciones pero no las que diga él, sino en consenso con todos". El alcalde señaló que no está dispuesto "a dejarme gobernar por la oposición" e invitó al portavoz de Ahora Decide a utilizar las herramientas democráticas, "que presente una moción de censura". Recordó que Ahora Decide "ha puesto desde el principio palos en la rueda del carro retrasando el nombramiento de la secretaria".

El nombramiento del funcionario propició la elaboración del Informe de Situación del Ayuntamiento a 1 de septiembre, donde se evaluaron los servicios presupuestarios y contables, recursos humanos, urbanística, recaudación, servicios, etc. El 11 de septiembre se remite al Consejo de Cuentas una primera evaluación, a expensas de ampliar la documentación, y se solicita la fiscalización por diversos motivos. Uno de esos motivos es el crédito de 808.690 euros, con una carencia de 2 años y cuya devolución finaliza en 2020, para urbanizar el Monte Gándara. Esta operación urbanística no ha supuesto beneficio alguno para el Ayuntamiento. En segundo lugar se aporta la documentación sobre otros tres créditos ICO suscritos entre 2012 y 2013 para financiar el plan de pago a proveedores.

El Ayuntamiento ha remitido al Consejo de Cuentas la reclamación de la empresa Isolux, que asciende a un millón de euros. A ello hay que sumar 51.000 euros del pago únicamente de intereses al proveedor del mobiliario de la Residencia, aunque en uno de los plenos se informó que correspondía a parte de la deuda y los intereses. Sanciones, multas y recargos de la Seguridad Social suponen otros 140.000 euros de deuda, remitido al Consejo de Cuentas. El Ayuntamiento tiene que devolver 67.000 euros de una subvención cobrada para un plan de Vivienda de Protección Oficial que no se invirtió en ese proyecto. La empresa que gestiona el agua tiene un desfase de ingresos de 200.000 euros, desde el año 201,3 cuando asumió el servicio público.

En materia de ingresos figura el cobro de 128.000 euros anuales de tasa de basura que figura en el presupuesto pero que el Ayuntamiento no ha cobrado.

El caos queda reflejado incluso en el informe de situación con varias fotografías del estado de los archivos y los expedientes sin ordenar ni clasificar, e incluso almacenados en el suelo.