El Ministerio Fiscal modificó ayer su calificación preliminar y pidió la libre absolución de la exalcaldesa de Peque, María Pilar Otero Lobato, y la secretaria de la Corporación enjuiciadas ayer en el Juzgado de lo Penal de Zamora por desobediencia al no responder a los requerimientos del Procurador del Común. La defensa de las acusadas mantuvo la petición de libre absolución.

La acusación particular formulada por tres vecinos, por su parte, mantuvo la petición de pena de nueve meses de prisión y otros nueve de inhabilitación para ejercer cargo público por hechos. La acusación precisaba que la no respuesta municipal a los 20 requerimientos son "hechos claros al no contestar por sistema a ninguno de los requerimientos".

El letrado de los vecinos subrayó que en el Ayuntamiento de Peque "por sistema no se da informes" que en este caso estaban relacionados con la subida de tasas, la colocación de postes aprovechando que los vecinos no estaban. La acusación recalcó la obligación de contestar a los requerimientos por el Código Penal, incluso por encima del colapso administrativo "y no es cierto, si alguien va a un requerimiento, tiene obligación de contestar, debe contestar". La actitud de la alcaldesa y la secretaria provocó que el Ayuntamiento de Peque entrara en un organismo de entidades no colaboradoras, según la acusación.

El Ministerio Fiscal que inicialmente pedía en sus conclusiones provisionales nueve meses de cárcel y otros nueve de inhabilitación, modificó a tenor de las pruebas sus conclusiones tras la declaración del procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, citado en calidad de testigo. En el juicio, el procurador del Común declaró que en las peticiones de información no respondidas por la Alcaldía, no se realizó advertencia de apercibimiento sobre las consecuencias judiciales, tipificadas en el artículo 502 del Código Penal, que podría conllevar la no colaboración. La no concurrencia de advertencia ha sido determinante para que la Fiscalía retirara la acusación en el desenlace de la vista oral.

Los hechos se remontan a los años 2010 y 2011 cuando tres vecinos pidieron información al Ayuntamiento sobre las tasa de basuras y pastos, entre otras, además de la colocación de un poste de teléfonos ante la fachada de una vivienda. Los denunciantes trasladaron su queja al Procurador del Común, que tampoco obtuvo respuestas a la veintena de requerimientos trasladados al Ayuntamiento de Peque. La institución, que entonces presidía Pilar Otero, no contestó a las peticiones de información del Procurador.

En su declaración, la ex alcaldesa atribuyó esa falta de respuesta de la administración municipal al "colapso" del Ayuntamiento por la falta de personal y papeleo administrativo que debía realizar la secretaria, la única trabajadora que tiene la oficina municipal. La funcionaría sólo asiste dos días a la semana al Ayuntamiento de Peque, consorciado con el Ayuntamiento de Rionegro y no cuenta con un auxiliar administrativo. Solo en la redacción de las Normas Urbanísticas se tramitaron más de 300 alegaciones de propietarios y de la asociación vecinal La Semilla. A lo que se suman reclamaciones, denuncias y quejas, además de bajas por enfermedad y maternidad de la funcionaria en ese periodo.

La acusación señaló que "la secretaria llamó al procurador del Común cuando un año y medio después de que hubiera acabado el expediente ya sabía que estaba procesada".