Ángel Prada Barrios, diputado provincial por la comarca de Sanabria, ha renunciado a todos los cargos que ocupa en la institución aunque mantiene su sillón en la Diputación de Zamora. Así lo ha hecho constar en un escrito presentado el pasado miércoles a la presidenta de la institución provincia, Mayte Martín Pozo, en el que expresa la renuncia a los puestos que ocupa por delegación de la propia presidenta como miembro del equipo popular, que gobierna en la Plaza de Viriato.
Una decisión derivada de la situación procesal en la que se encuentra el diputado y alcalde de Rosinos de la Requejada como consecuencia de la imputación por un presunto delito de prevaricación por "permitir" que su hija ocupara una plaza como secretaria en Palacios y Rosinos cuando era personal laboral en el Ayuntamiento de Galende, puestos que serían incompatibles.
La renuncia de Ángel Prada del Grupo Popular lo situaría como diputado no adscrito y solo podría asistir a los plenos. Pero ademas, el PP perdería un diputado y con ello la mayoría absoluta, al pasar de tener 13 de los 25 que conforman la Corporación, a 12 -el resto se reparten entre 8 representantes del PSOE, 3 de IU y 1 de Ciudadanos-. Un problema más de forma que de fondo, pues en fuentes populares confía en la fidelidad de Prada, descartando que ante un hipotético futuro con ese reparto de "escaños" pueda haber algún conato de insumisión.
De hecho, la renuncia de Ángel Prada era un hecho cantado ante la deriva judicial en la que está inmerso, pudiendo llegar a enfrentarse hasta a 10 años de inhabilitación en cargo público, en caso de sentencia condenatoria. Fuentes consultadas por este diario apuntan no obstante que el diputado se muestra tranquilo, seguro de que no ha cometido delito, lo que justificaría su resistencia a dejar la Diputación. No obstante el PP tampoco quiere verse en la incómoda situación de tener a uno de sus cargos públicos sentado en el banquillo.
Para el martes está convocado un Comité Ejecutivo provincial y hay fuentes que apuntan a que para ese día el caso de Ángel Prada podría estar clarificado.
Porque de cara al funcionamiento interno de la Diputación, la renuncia a los cargos supone que deja de ser diputado de Patrimonio y Mancomunidades, área que tenía asignada. Pero además deja de ser vicepresidente de la Comisión de Economía y Hacienda, Especial de Cuentas, Patrimonio y Mantenimiento; miembro de la Comisión de Urbanismo y Asistencia a Municipios; miembro de la Comisión de Modernización e Innovación Institucional, Recursos Humanos y Participación Ciudadana; miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Emigración; y vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
El paso dado por el alcalde de Rosinos tiene calado por cuanto al renunciar a los cargos se mantiene como diputado sin adscripción a su partido, el PP. Y si bien su intención parece ser que sería quedarse en el Grupo Mixto, donde ahora está el diputado de Ciudadanos, David Carrión, legalmente no tiene cabida y pasaría a ser diputado no adscrito.
El reglamento de la Diputación Provincial define a esta figura como "no integrado". El artículo 20.1 dice textualmente que "Los Diputados que no se integren en el grupo político que corresponda a la lista o coalición electoral por la que hubieran sido elegidos y los que durante su mandato causen baja en dicho grupo, pasarán a considerarse no integrados".
Esa condición de "no integrado" obligaría a modificar la constitución de las comisiones informativas de la Diputación, que ahora están por el presidente (del PP) y siete miembros (4 del PP) y tres en de la oposición (1 del PSOE, 1 de IU 1 de Ciudadanos, Grupo Mixto).
Este diario ha intentado recabar la opinión de Ángel Prada, pero ha preferido mantener silencio.
