El Delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Alberto Castro, declaró ayer que se han incoado dos expedientes sancionadores a la titular de la farmacia de El Puente de Sanabria, tras la inspección efectuada este jueves, que comenzó poco después de las 10 de la mañana y finalizó a las nueve de la noche. En esa actuación intervinieron cuatro Inspectores de la Consejería de Sanidad, con apoyo de cuatro agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, dos de ellos trasladados desde Zamora.
Alberto Castro declaró que "hemos visto suficientes indicios para ver que existe un presunto delito contra la salud pública y como responsabilidad administrativa lo hemos trasladado a la Fiscalía para que investigue". El delegado no profundizó en qué tipo de indicios ha apreciado la Inspección de Sanidad.
De la actuación realizada el jueves en el establecimiento, ha trascendido que se revisó numerosa documentación de entrada y salida, pedidos, albaranes, proveedores, recetas, el registro de psicotrópicos, además de las existencias de medicamentos en los dispensadores y posibles exportaciones de fármacos.
Castro explicó que después de las múltiples inspecciones "se les advirtió sobre determinadas irregularidades" que no se subsanaron. Una actuación que el Delegado enmarcó dentro de las competencias de la Junta en el ámbito sanitario en el cumplimiento de control "de una actividad tan importante como las farmacias". A raíz de esas inspecciones se ha propuesto "el cierre cautelar" y se ha dado "traslado a la Fiscalía ante indicios de posibles irregularidades" en materia de salud pública.
La deficiencia administrativa más importante "es que la titular de esa farmacia no se encuentra en dicho establecimiento, que es una obligación". La titular "por lo visto debe estar en Valencia y de baja" aunque esa situación se indica pero "sin aportar prueba". De acuerdo al procedimiento administrativo se contempla la baja por enfermedad pero en este caso tiene que notificarse a la propia Junta de Castilla y León, trámite que al parecer no se ha comunicado. En esas circunstancias la persona "que esté prestando el servicio tiene que ser una persona cualificada porque la actividad de una farmacia es bastante importante a la hora de que la persona que asesore o dispense medicamentos lo haga con todas las garantías".
En estos expedientes se ha firmado una propuesta de suspensión cautelar de actividad, notificada en el día de ayer -por el jueves- y con un plazo de 10 días para presentar las alegaciones que considere oportunas, como precisó el delegado.
