La comisión ejecutiva de la Asociación Española de Municipios de Montaña acordó en su última reunión abrir una nueva línea de trabajo en torno a la participación en los tributos del Estado de los municipios de montaña, que incluye la práctica totalidad de la comarca de Sanabria y Carballeda. Desde "esMontañas" reclaman la financiación justa de los municipios de estas zonas desfavorecidas a través de los tributos del Estado para que los habitantes de la montaña tengan el mismo acceso a los servicios públicos que el resto de la población.

El alcalde de Puebla de Sanabria y senador nacional del PSOE, José Fernández, es tesorero de la Asociación y ha defendido el mantenimiento de los servicios en estos territorios frente a los recortes de las distintas administraciones.

Para las Entidades Locales situadas en las zonas de montaña el actual sistema de financiación local supone graves inconvenientes ya que "cuentan con muy pocos recursos para hacer frente a la gran variedad de servicios que prestan". La participación en los tributos del Estado constituye una de las principales fuentes de la financiación local. Es prácticamente una de las principales aportaciones locales ya que "los recursos que las administraciones locales obtienen, vía impuestos y tasas municipales, resultan escasos en su mayoría debido a la baja densidad poblacional de muchos de estos territorios, como los de las zonas de montaña".

Grave perjuicio

Los municipios con población superior a 75.000 habitantes se benefician de un sistema de cesión directa y de la participación en el Fondo Complementario de financiación, a diferencia de los municipios de menor tamaño que reciben una participación de un Fondo global, cuyo criterio fundamental de reparto es la población, como estipula el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, que regula el sistema de participación en los impuestos del Estado de las entidades locales.

Este hecho ocasiona un grave perjuicio para los municipios con pocos habitantes, frente a otros con mayor número de habitantes, que ven como, progresivamente, los criterios de participación en los fondos de la administración del estado, han evolucionado para favorecer únicamente los criterios de población en detrimento de los de territorio, provocando que sus ingresos sean totalmente insuficientes para, en la mayoría de casos, afrontar la prestación de los servicios en unos territorios donde la compleja orografía, la adversa climatología invernal, el envejecimiento de la población y las grandes extensiones de terreno unidos a la poca población hacen mucho más costosa la prestación de los servicios públicos y la construcción y mantenimiento de infraestructuras.