Un cambio de legislación es el único camino para acabar con los robos en las explotaciones agrarias. Este es el planteamiento que transmitieron los representantes de los sindicatos agrarios de la provincia a subdelegada del Gobierno, Clara San Damián, con la que mantuvieron ayer una reunión. En este encuentro, COAG-UPA y Asaja defendieron un endurecimiento de las penas impuestas a los ladrones para evitar que queden en libertad después de ser detenidos.
«Lo que no puede ser es que casi exista una competición para ver quién entra y sale más veces de la comisaría», según recrimina el presidente provincial de Asaja, Vicente Calzada. La legislación actual, según precisa, deja en libertad con cargos a los delincuentes cuando el material sustraído no alcanza un determinado importe, lo que se traduce en una reiteración de hurtos en las mismas explotaciones. «Tenemos casos de agricultores que han sido robados hasta tres veces en el último año y afrontan unos gastos cercanos a los 20.000 euros, tanto en lo que les han robado como en los daños causados», asegura Calzada. Por ello, muestra la intención de su sindicato de impulsar una movilización regional y nacional para iniciar los trámites que permitan esa modificación legislativa.
Un cambio que, según los sindicatos agrarios, no sólo debe incluir un endurecimiento de las penas para los ladrones, sino también para los negocios o empresas que adquieren con posterioridad el material sustraído. «Este tipo de desguaces no roban directamente, pero están comprando material que ha sido robado con lo que es necesario que sean cerrados automáticamente cuando se demuestre que se han aprovechado de material de origen ilegal», argumenta Vicente Calzada. En cuanto a la procedencia extranjera de los ladrones que han participado en algunos de los robos perpetrados en explotaciones agrarias de la provincia, Calzada propone «que sean devueltos a sus países de origen».
COAG-UPA también considera que «el gran caballo de batalla es realizar un cambio de legislación para que los robos en explotaciones agropecuarias tengan otro tratamiento en la ley de enjuiciamiento criminal», según indica, Bernardo Caballero, presidente de la Junta Agropecuaria de Toro y miembro de COAG. En su opinión, «las leyes actuales no cristalizan el trabajo de la Guardia Civil». Los agentes de este Cuerpo, a su juicio, «hacen su trabajo y no tienen la culpa de que se sigan produciendo robos porque si detienen siete veces a la misma persona y queda en libertad esas siete veces al final pierden autoridad». Un cambio legislativo que también considera necesario que sea aplicado a los negocios que se lucran a través del material robado.
En cuanto al aumento de medios destinados a la vigilancia anunciados por la Subdelegación, Bernardo Caballero asegura que «de nada sirven esos medios si no se acompañan de un cambio legislativo para evitar que los ladrones queden en la calle». Por su lado, la subdelegada del Gobierno, Clara San Damián, transmitió su apoyo a los agricultores y se mostró de acuerdo con la necesidad de ese cambio legislativo.
