El alcalde de Fariza, el socialista, Manuel Ramos, está imputado en el Juzgado de Instrucción y primera instancia número 6 de Zamora por una presunta prevaricación y malversación de fondos públicos, relacionada con la construcción de la residencia de la tercera edad. La querella criminal fue interpuesta, el pasado 4 de mayo, por el que fuera concejal en la oposición, Manuel Villar Santos. La denuncia va más allá del Ayuntamiento, puesto que también implica a responsables de la Diputación provincial de Zamora y de la Junta de Castilla y León por entender, según la documentación presentada, que existen subvenciones para obras supuestamente ya ejecutadas en todo o en parte, así como certificaciones de las mismas.
El alcalde, Manuel Ramos, ya prestó declaración sobre el asunto el pasado 28 de octubre, una vez que el Juzgado recibió abundante documentación sobre el centro residencial remitido por la Secretaría.
El Juzgado, no obstante, en el desarrollo de las diligencias previas requirió anteayer a la Alcaldía las actas de las sesiones plenarias. Una solicitud realizada tras la aportación por parte del demandante de un serial de alegaciones elaboradas vez examinada la documentación facilitada por el Ayuntamiento.
Entre otras cuestiones, ponen de manifiesto que una obra presupuestada en principio en 555.818 euros lleva ya consumidos una cuantía superior a los 1.200.000 euros, sin bien es cierto con importantes ampliaciones y reformas.
Asientan la querella en el incumplimiento de los plazos, en el destino dado a las numerosas e importantes subvenciones concedidas al centro residencial, en la opacidad y falta de transparencia informativa, en la negativa a permitir el acceso a la documentación municipal. Es un conjunto de actuaciones que, en la calificación jurídica del letrado, «son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos en tanto que en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las administraciones públicas ha incumplido las condiciones y alterado los fines para los que se concedió la ayuda». También apunta a un posible delito continuado de prevaricación en tanto que, «como autoridad y a sabiendas de la justicia, ha dictado resoluciones en asuntos administrativos».
La construcción de la residencia fue aprobada en pleno en abril de 2002, en una finca donada por un matrimonio. El compromiso inicial del Ayuntamiento fue ponerla en marcha en un plazo de catorce meses.
El caso también ha sido puesto en conocimiento del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, por parte de la vecina María Evelia de la Fuente, que hace una pormenorizada relación de subvenciones concedidas al centro residencial de Fariza, por las distintas administraciones, a través de hábitat minero, de Zonas de Influencia Socieconómicas de Espacios Protegidos, del Fondo de Cooperación Local, del Plan Público de Empleo. «La Diputación conoció las irregularidades de esta subvención -referida a 120.000 euros del Plan E- al hacer constar en acta de comprobación de replanteo, y emitió varios informes negativos a iniciar la obra cuyo contrato se había firmado en noviembre de 2009, con plazo de ejecución. No obstante certificó el final de obra, modificada en mayo de 2011».
En cuanto a la concesión de 150.000 euros, concedidos por Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León, solicitados para pagar los gastos de adaptación de la residencia a la normativa de 2001, se pregunta «¿por qué los ciudadanos con nuestros impuestos debemos pagar minuta del proyecto al arquitecto que redactó y certificó obras que no cumplían con una normativa anterior al inicio de la residencia y de las obras necesarias para adaptarla a la normativa?».
Otra de las cuestiones que alimentan la querella ante el Juzgado y la denuncia ante la Junta de Castilla y León es que parte de las obras fueron contratadas «por procedimiento urgente, negociado sin publicidad». Se hace alusión a subvenciones destinadas a fines diferentes para las que se concedieron, como es el caso de varias ayudas concedidas por el Empleo de Castilla y León para mejora de espacios públicos en Fariza y anejos, pero que fueron justificadas con obras para la residencia. De la Fuente solicita «una investigación sobre las subvenciones que permita, en lo posible, devolver a las arcas públicas el dinero mal utilizado». Asimismo que «se exija responsabilidades a los funcionarios que no han cumplido con su deber al conceder subvenciones y en el control de su justificación».
