La Corporación del Ayuntamiento de Fermoselle aprobó ayer, en sesión plenaria, denominar con nombres de alcaldes del municipio todas las calles que actualmente mantienen denominaciones de líderes falangistas o generales de la dictadura franquista. El cambio salió adelante con los votos favorables de la mayoría de los representantes populares, y en contra de los concejales socialistas, en la oposición.

El mejor parado con la nueva denominación fue el propio alcalde Manuel Luelmo Diez, que dará nombre a la actual plaza de Calvo Sotelo: la Plaza Mayor. Hermenegildo Piriz, que ocupó la Alcaldía de Fermoselle en el año 1979, en las filas de Unión del Centro Democrático (UCD), y en la siguiente legislatura en las filas de Alianza Popular, ocupará la calle del General Mola. Raúl Garrido, que tomó el sillón consistorial en el año 1987 como independiente y con el apoyo del PSOE, recibirá la avenida Generalísimo Franco.

Quedó no obstante sobre la mesa, a petición de los socialistas, la elección de la calle correspondiente al único socialista que ha presidido el Ayuntamiento durante la etapa democrática, Valentín Ramos, a quien habían designado la calle Nueva, que la oposición afirma que «solo tiene tres números» y que no es una calle, sino una calleja. «Es una discriminación increíble porque fue tan alcalde como los demás» expresó Teresa Peñas. Ramos solamente presidió la Alcaldía 15 meses al ser desalojado de la misma por una moción de censura que elevó al poder a Manuel Luelmo Díez, que lleva dirigiendo los destinos municipales de Fermoselle desde el 1 de octubre de 1992.

Otras tres calles recibirán el nombre de alcaldes que ejercieron durante la dictadura. José Luelmo Flores, tío del actual mandatario, dará nombre a la actual calle Requejo. Gonzalo Martín Flores, poro todos conocido como «Lalo», suplantará en el callejero al falangista José Antonio Primo de Rivera; e Isaac Vaquero Fernández dejará para la historia del callejero al general Sanjurjo.

Previamente, la Corporación en pleno aprobó por unanimidad la pertinente ordenanza de denominación de calles. Sin embargo, el punto relativo al cambio de denominación resultó el de mayor discusión y debate, aunque todo en un tono más que sensato y tranquilo.

El alcalde Manuel Luelmo justificó la decisión de retirar del callejero el nombre de los militares y hombres destacados de la dictadura. Aludió a una moción presentada sobre el particular por los socialistas hace dos años, pero que entonces, dijo, no procedía, y consideró llegado el momento de abordar el asunto. Afirmó que «todos los alcaldes son alcaldes y tienen su mérito». Resaltó que «todos tienen interés, voluntad y ganas de hacerlo bien y en pro del pueblo». Sobre los alcaldes de la dictadura franquista incidió en que habían sido nombrados «a dedo», y de haber gobernado durante la democracia, apuntó, «no sabe a qué partido representarían».

Consideró Luelmo la nueva dedicación de las calles como «el mejor reconocimiento que se puede hacer a los alcaldes», aunque es algo que, precisó, «me gustaría que lo dijera otro». Restó «egoísmo alguno» en la adopción de esta medida, que, al igual que el resto de compañeros populares, entiende «como un homenaje» a quienes han llevado las riendas del Ayuntamiento durante las últimas décadas.

La oposición votó en contra de todas y cada una de las calles renombradas. Teresa Peñas, recién operada de la cuerdas vocales, solo tomó moderadamente la voz cediendo la portavocía a sus compañeros de partido José Bartolomé y a Eusebia Cortés.

Para los socialistas, que criticaron que «no se hubiera contado con nosotros» para decidir sobre la cuestión, hubiera sido más acertado «hacer un sorteo», de forma que las calles renombradas no lo fueran a voluntad del Equipo de Gobierno.

Luelmo afirmó que había hablado con todos los alcaldes presentes, y, en lo tocante a Valentín Ramos, expresó que fue quien le dijo que la Calle Nueva «era una calle». La oposición insistió en que tiene tres números y se trata «de un pasaje o una calleja». Aunque no quedan en el callejero fermosellano viales con nombres de golpistas, militares o destacados miembros de la dictadura franquista, la Corporación acordó dejar este caso sobre la mesa «y estudiar una solución».

Los corporativos se abstuvieron de votar siempre que guardan relación con un familiar.