El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha archivado la denuncia planteada por varios grupos ecologistas contra quienes dirigían las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura de Castilla y León el pasado marzo, por el uso de "clorofacinona" para erradicar la plaga de topillos.

«Se decreta el sobreseimiento libre y el archivo» de las diligencias, dice el auto del Juzgado de Instrucción número 2.

La denuncia se centraba en la supuesta «utilización y uso de forma masiva e indiscriminada de la sustancia clorofacinona para responder a la explosión demográfica de un pequeño arvicólido, el topillo campesino».

Admite el juez que, desde el punto de vista de la decisión de proponer o autorizar el uso de la sustancia y su distribución masiva, puede discutirse si es una decisión más o menos afortunada, si existían vías alternativas, pero lo que ocupa a la vía criminal es «si esa decisión es susceptible de tipificación criminal, y entendemos que no».

El auto argumenta que una calificación criminal de tales decisiones requiere una «ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa», y no basta con afirmar que existen otros tratamientos alternativos. Explica además, entre otros aspectos, que el uso de esa sustancia fue autorizada en tratamiento que se inició el 26 de febrero y acabó el 20 de marzo, en que se ordenó la interrupción.

«Difícilmente puede entenderse que los agricultores, que emplean una sustancia autorizada para no dañar la naturaleza sino en defensa de sus cultivos, han podido cometer un delito contra la salud pública o el medio ambiente», resume. Los denunciantes fueron la Fundación Global Natura, Ecologistas en Acción de Palencia, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Asociación para la Defensa y Estudio del Lobo Ibérico y los denunciados el consejero de Agricultura en marzo de 2007, José Valín, y el de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, en la misma fecha.

La denuncia, además de abarcar a los titulares de dichas consejerías entonces, se extendió a las Juntas agropecuarias que intervinieran o solicitaran intervenir en la logística y distribución de la clorofacinona y a los agricultores propietarios de las fincas que hubieran vertido el veneno, explica el auto.

Fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que decidió que el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid instruyera esta denuncia, tras dirimir si el caso correspondía a un Juzgado de de Palencia, donde se comenzó a aplicar el tratamiento, o a uno de Valladolid, donde se tomó la decisión de aplicarlo.

Global Nature mantiene la intención de recurrir el auto

El presidente de la Fundación Global Nature, Fernando Jubete, aseguró ayer que el auto de archivo de la denuncia de varios grupos ecologistas por el uso de la clorofacinona para erradicar la plaga de topillos será recurrido. Jubete, que preside una de las organizaciones ecologistas denunciantes, ha apuntado que no comparte el dictamen del Juzgado número 2 de Valladolid, que señala que «los daños causados al agricultor y propietarios de fincas, por la invasión de topillos, pueden presumirse cuantiosos». También ha apuntado, en cambio, que sí están relacionados los daños ocasionados por el uso del veneno en algunas especies animales, «y si no que se lo pregunten a los propietarios de los palomares y de las liebres».

Por otro lado, los responsables de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) instaron ayer a todas las Juntas Agropecuarias Locales (JAL) de las comarcas afectadas por los topillos a solicitar a la Administración regional con la mayor urgencia posible el suministro de bromadiolona, el nuevo producto químico dispuesto por la Junta, con el objetivo de tratar la plaga de forma generaliza. En un comunicado de prensa, UCCL insistió en la necesidad de iniciar este tratamiento de forma masiva e inmediata «ya que en el momento en que el cereal comience su crecimiento va a ser mucho más complicada la aplicación de cualquier tipo de actuación contra estos animales», advirtió la organización agraria.