Palacios.- El Consorcio provincial para la gestión de residuos sólidos urbanos esperará a conocer el contenido del fallo del Tribunal Supremo para tomar una decisión sobre el almacenamiento de las basuras procedentes de los pueblos de la comarca de Sanabria-La Carballeda. La decisión del Alto Tribunal de no admitir el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Palacios de Sanabria y, en consecuencia, considerar nulas las licencias de actividad y obra para la construcción de la planta de transferencia, obligará a replantearse el almacenamiento de residuos en la comarca, que se está realizando en las instalaciones de Palacios objeto del litigio judicial.

Así lo ha confirmado el presidente del Consorcio Provincial, el diputado Aurelio Tomás, quien ayer

admitía haberse enterado de la decisión del Tribunal Supremo a través de este diario. Tampoco aseguraba saber nada el alcalde de Palacios de Sanabria, Jesús Fernández, quien no obstante anticipa que «seremos respetuosos con la sentencia» y recuerda que «nosotros nos hemos limitado a ceder unos terrenos para unas instalaciones que son necesarias porque las basuras hay que recogerlas y tratarlas».

El presidente del Consorcio aseguró no tener conocimiento de la sentencia «ni el Ayuntamiento de Palacios nos ha comunicado nada. Nos tendrán que decir si hay que ejecutar o no y qué consecuencias tiene la decisión judicial». En todo caso, tanto el Consorcio Provincial como la Junta ya han venido manteniendo contactos para buscar una solución al conflicto planteado con la planta de residuos de Palacios de Sanabria, sobre todo a raíz de la sentencia de enero de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló el acuerdo del Pleno que concedió licencia para construir la estación de transferencia. «Hemos estado trabajando para buscar soluciones y posibles ubicaciones en el caso de que haya que desmantelar la planta de Palacios», afirma Aurelio Tomás. Precisamente aquella sentencia frustró los planes de la Junta de ampliar y mejorar las instalaciones de Palacios, tal y como estaba previsto en el plan de gestión de residuos.

La clausura de las instalaciones ha sido una de las posibilidades estudiadas, pero no descartadas tras la derogación de la Ley que obligaba a mantener distancias de 2.000 metros desde el lugar de la actividad clasificada hasta el casco urbano. «Una vez derogada esa ley, cabía la posibilidad de reiniciar el expediente para ampliar la planta de Palacios y aprovechar las instalaciones; o, por el contrario, inclinarnos por una nueva planta en el caso de que la sentencia así lo ordene y quedara definitivamente cerrada». En ese sentido ya se han estudiado posibles ubicaciones «y existen algunos ayuntamientos dispuestos a ceder terrenos», explica el presidente del Consorcio Provincial de gestión de residuos sin querer entrar en más detalles.

Lo que sí parece claro es que, tanto la Junta como el Consorcio quieren resolver el asunto «en este mismo mes de enero». Con los informes técnicos pertinentes y lo que ordene la sentencia se buscará una salida para evitar un colapso en la recepción de residuos. Hay que tener e cuenta que la planta de Palacios recibe todos los generados en los pueblos de la comarca y una clausura de la infraestructura obligaría a tener una alternativa. En caso de una decisión de cierre inmediata, la Diputación contempla la posibilidad de derivar provisionalmente los residuos sólidos urbanos a las plantas de San Vitero o Castrogonzalo.

Respecto a los gastos ocasionados por el litigio judicial, Aurelio Tomás confirma que el Consorcio Provincial es el que se está haciendo cargo de todo. «Es lo lógico porque si en su momento el Ayuntamiento cedió los terrenos para la estación de transferencia sería absurdo que le repercutieran estos gastos».