Trefacio.-El procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo Conde, se ha dirigido al Ayuntamiento de Trefacio para darle cuenta de la Resolución tomada por su Procuraduría según la cual, ha de devolverle a un vecino el dinero abonado por él en la reparación de una rotura de la red pública de distribución de agua.

El conflicto se remonta al año 2003, en que el vecino Jesús Rodríguez reclamó al Ayuntamiento el abono de la factura con el que costeó el arreglo de reparación de la tubería de la red general de abastecimiento de agua que transcurre junto a su domicilio. El Ayuntamiento le contestó que no le constaban tales obras, añadiendo que la acometida de la vivienda discurre en su mayor tramo por una servidumbre de fincas, considerando que no se trata de vía pública y por tanto no debía de hacerse cargo de los gastos.

El auto que da la razón al vecino señala que «las acometidas de agua y las tuberías de distribución son de propiedad pública por ser parte de la instalación de un servicio público, independientemente de que en su discurrir lo haga por terrenos públicos o privados».

Lo dilucidado es de enorme trascendencia económica, dado que la Resolución explica que las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de aguas consideran que «la acometida» es la tubería que enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red de distribución. Y continúa que «atravesará el muro de cerramiento del edificio por un orificio practicado por el propietario o abonado. Es decir, la acometida va desde la red general de abastecimiento hasta la puerta del inmueble y su instalación correrá a cuenta del instalador, en este caso, el propio Ayuntamiento».

El detallado informe del Procurador asegura en que no existe acometida particular ni tuberías o redes particulares, sino que se trata de partes de la instalación de un servicio público de propiedad municipal. Aún careciendo de rango legal, el dictamen emitido se ha basado en la más reciente jurisprudencia e indica con toda contundencia que «el Ayuntamiento no puede eludir la prestación del servicio trasladando a los vecinos la obligación del mantenimiento de las instalaciones».

El vecino, que asegura poseer las correspondientes facturas de la obra realizada, reclamará de nuevo al Ayuntamiento el abono de las mismas, asegurando su intención de acudir a los tribunales de Justicia si fuera preciso en contra de los sucesivos «oídos sordos» que según él ha hecho la autoridad municipal a su reclamación.