Las movilizaciones del sector ganadero de Castilla y León, que ayer tuvieron su penúltimo capítulo frente a la factoría toresana de García Baquero, han estado marcadas por una extrema dureza, que ha salpicado a manifestantes y fuerzas antidisturbios que se han empleado a fondo para evitar el estrangulamiento de las industrias lácteas y el corte de algunas vías de comunicación. El radicalismo que ha envuelto la protesta viene a traer a la superficie la grave crisis por la que atraviesa la ganadería de leche de Castilla y León. Hacía muchos años que los botes de humo no caían entre los ganaderos. Y eso es porque éstos navegan en la desesperanza y van más allá de lo que el Gobierno considera permisible. La quema de palés de ayer, junto a García Baquero, hay que enmarcarlo en este terreno.

Los ganaderos de vacuno y ovino llevan años tapándose con la manta de la incertidumbre. Su trabajo fue moneda de cambio del PSOE en el ingreso de España en la Europa de los mercaderes. Las organizaciones comunes de mercado son restrictivas y están marcadas, sobre todo en el caso del vacuno, por una paradoja que escuece, la de que España, por ley, es deficitaria en leche: no produce lo que consume porque así lo quieren los burócratas de Bruselas y así lo aceptó el gobierno español de turno.

La reconversión en este sector ha sido especialmente dolorosa. Zamora, por ejemplo, que hace diez años tenía más de 2.500 explotaciones de vacuno no llega ahora a 500. Las granjas que han sobrevivido han tenido que profesionalizarse, comprar cuota de producción, hipotecarse y vivir bajo la amenaza de que en 2013 el paragüas de la PAC se cierre definitivamente y con ello todo el sistema de cupos.

No es de extrañar, por tanto, que envueltos en este clima de inseguridad cuando las industrias remolonean y pretenden bajar los precios -unos tres céntimos litro, al parecer- se hayan puesto en el disparadero y armado la de San Quintín.

Lo que ocurre es que las industrias tampoco tienen mucho margen y, sometidas por la dictadura de las grandes superficies comerciales, ahí están navegando como pueden ante la competencia feroz de las marcas galas. El conflicto, según está ahora, no parece tener solución. Y sólo la intervención de la Administración puede acercar posiciones.

Junta y Ministerio tienen que sentar a negociar a ganaderos e industriales y, entre medio, a los representantes del subsector de la distribución. Ya es hora de que den la cara quienes, seguramente, tienen más culpa del desfase de precios en origen y en la estantería del supermercado. La negociación se impone como único bálsamo para tranquilizar los ánimos y para garantizar la supervivencia de unos y otros.