Castilla y León pide que la financiación autonómica considere factores demográficos y geográficos

La Junta de Castilla y León ha pedido cambiar la forma en la que el Estado reparte dinero entre las comunidades autónomas. Su argumento es sencillo: mantener servicios públicos como hospitales, colegios o residencias cuesta cada vez más, pero el dinero que recibe la Comunidad no ha aumentado al mismo ritmo.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió esta postura durante un encuentro celebrado en Santander sobre financiación y servicios públicos.

Según explicó, el actual sistema de financiación autonómica lleva más de once años sin renovarse. Este sistema es, básicamente, el mecanismo que decide cuánto dinero recibe cada comunidad para pagar servicios públicos esenciales.

La Junta asegura que Castilla y León está recibiendo menos dinero del que necesita. Entre 2009 y 2021, el gasto social aumentó un 19%, mientras que el dinero recibido a través del sistema de financiación solo creció un 2%. Según los datos citados por el Gobierno autonómico, esa diferencia ha provocado un desfase acumulado de 8.298 millones de euros hasta 2023.

¿Por qué dice Castilla y León que necesita más financiación?

Porque prestar servicios en esta Comunidad puede ser más caro que en otros territorios. Castilla y León tiene una población muy repartida, muchos pueblos pequeños, grandes distancias entre municipios y una población envejecida.

Eso significa, por ejemplo, que hay que mantener centros de salud, colegios, ambulancias o servicios de atención a mayores aunque vivan pocas personas en algunas zonas.

Por este motivo, la Junta pide que el reparto del dinero no dependa solo del número de habitantes, sino también de factores como la edad de la población, la distancia entre municipios o la baja densidad de población.

Fernández Carriedo también criticó la propuesta planteada por el Gobierno central para reformar el sistema. Según la Junta, ese modelo podría beneficiar más a las comunidades con mayor capacidad para recaudar impuestos y perjudicar a territorios con más dificultades demográficas, como Castilla y León.

Además, el consejero pidió que la negociación se haga entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas al mismo tiempo, y no mediante acuerdos por separado con determinados territorios.

La próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para el 4 de septiembre, será uno de los momentos clave para debatir esta cuestión.