Castilla y León planta a Sira Rego: esta es la carta que envían a la ministra para exigir el retorno de menores de Ceuta a Marruecos

La Junta de Castilla y León ha comunicado por carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed Rego, que no asistirá a la reunión ordinaria de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para el próximo 13 de agosto, por su rechazo al traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de la ciudad autónoma de Ceuta. La posición del Ejecutivo autonómico se centra especialmente en los menores llegados a territorio español los días 30 y 31 de julio de 2026. Castilla y León sostiene que, antes de plantear cualquier derivación a comunidades autónomas, el Gobierno central debe tramitar de forma individualizada cada expediente y priorizar el retorno a Marruecos mediante reunificación familiar o entrega a las autoridades tutelares marroquíes.

En la carta remitida al Ministerio, la Junta defiende que su ausencia en la reunión “no responde a razones de oportunidad política” sino al “estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional” así como al principio del interés superior del menor. Según el texto, ese principio debe traducirse, en primer lugar, en la reunificación familiar y en la devolución al país de origen cuando corresponda.

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La reunión convocada por el Ministerio incluye además la elevación a Conferencia Sectorial del acuerdo de distribución territorial a Ceuta de un crédito de 25 millones de euros destinado a financiar en 2026 la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Procedimientos individualizados

Castilla y León advierte, sin embargo, que no puede aceptar el traslado de estos menores mientras no se haya acreditado la tramitación y resolución de los procedimientos individualizados exigidos por la ley para determinar su situación jurídica mediante resolución firme.

El escrito, firmado por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, anuncia además la intención de la Junta de impugnar judicialmente todos los expedientes individuales que no concluyan con el retorno a Marruecos. La Junta considera que esa es la única opción “respetuosa con la justicia y el interés del menor”.

En la misiva, el Gobierno autonómico sostiene que el Ejecutivo central no ha ejercido correctamente su competencia exclusiva para resolver los expedientes individualizados de retorno y reunificación. Por ello, afirma que “carece de fundamento” trasladar a los menores a otra comunidad autónoma para que esta asuma las consecuencias de una competencia estatal que, a juicio de Castilla y León, aún no ha sido ejercida o concluida.

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La Junta argumenta que los menores que se encuentran en Ceuta entraron en territorio nacional de manera irregular cruzando la frontera entre Marruecos y España. A partir de ese planteamiento, entiende que todos ellos deben ser retornados a Marruecos, bien por la vía de la reunificación familiar, bien mediante entrega a la autoridad tutelar marroquí, siempre previa tramitación de expedientes individualizados.

El Ejecutivo autonómico añade que, si no pudiera acreditarse la reunificación familiar, Marruecos debería hacerse cargo de los menores como Estado de origen o procedencia. En ese punto, la Junta recuerda que Marruecos ha sido considerado por instituciones europeas como país seguro y señala que el propio reino alauí ha manifestado su interés en la devolución y retorno de extranjeros, incluidos menores.

Por todo ello, Castilla y León sostiene que no le corresponde decidir sobre la permanencia en España de estos menores, sino que esa competencia corresponde exclusivamente al Estado mediante el procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000.

En consecuencia, la Junta solicita formalmente al Ministerio que se abstenga de realizar cualquier acto dirigido a preparar, acordar o ejecutar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta mientras no hayan concluido los expedientes individualizados previstos en la legislación vigente.

Además, reclama que se remita a Castilla y León la certificación acreditativa de la situación administrativa individual de cada menor cuyo traslado se pretenda, junto con el expediente completo. Esa documentación debería incluir, según la carta, las actuaciones realizadas para localizar a su familia, determinar su edad, valorar su interés superior y resolver su situación.

La carta marca así una posición frontal de Castilla y León frente al reparto de menores procedentes de Ceuta. La Junta no solo rechaza acudir a la reunión convocada por el Ministerio, sino que exige al Gobierno central que agote antes la vía del retorno individualizado a Marruecos y advierte de que acudirá a los tribunales si se impulsan traslados sin cumplir esos procedimientos.