Estas son las medidas del acuerdo PP-Vox que beneficiarán a Zamora

19 ejes, 62 páginas y 324 medidas forman el acuerdo de gobernabilidad de PP y Vox en Castilla y León. Un documento amplio, con todo tipo de detalles y que está firmado por el presidente del PP en la comunidad y futuro presidente, Alfonso Fernández Mañueco; y por el portavoz de Vox en las Cortes y próximamente vicepresidente, Carlos Pollán.

Los ejes en lo que se estructura el acuerdo no dejan prácticamente nada a la imaginación, y además todas marcan el plazo en el que tienen que estar en marcha, y van desde política económica y tributaria hasta financiación autonómica, infraestructuras, medio ambiente, inmigración, vivienda, familia, dependencia, cultura y tradiciones, simplificación administrativa y gasto superfluo e incluso libertad frente al adoctrinamiento; entre otras.

Algunas de las propuestas, como la reducción de impuestos, fueron defendidas con ahínco por ambas formaciones durante la campaña electoral y ahora se han plasmado por escrito: deducción por nacimiento y adopción en el medio rural, impuestos cero en el medio rural o incentivos fiscales para facilitar el relevo generacional de negocios; entre otras. También aparecen algunas de las promesas electorales de Mañueco como las ayudas de hasta 900 euros para los jóvenes para obtener el carnet de conducir o la gratuidad desde el próximo curso académico (es decir, desde este mes de septiembre) de la primera matrícula en las universidades públicas para los empadronados en la comunidad.

Inmigración

Las medidas sobre inmigración se encuentran entre las que más interés despiertan, entre otros motivos porque son las que defienden desde Vox con más intensidad y porque son las que más carga política e ideológica conllevan. La primera de ellas es contundente: "no más menores extranjeros no acompañados (menas). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central". Inciden en que no se ampliarán plazas en los centros de acogida y en que se endurecerá el régimen interno de los centros de menores.

Aseguran que pondrán en marcha un Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal "frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve la llegada masiva de menores ilegales mientras hipoteca el futuro de nuestros jóvenes". Destinarán una partida económica para hacer pruebas con las que verificar la edad de slo inmigrantes ilegales y suprimirán de forma "total" las subvenciones a ONGs "que favorezcan la inmigración ilegal directa o indirectamente".

También se prohibirá el uso del burka y el nicab en espacios, edificios y servicios públicos, para lo que se darán los primeros pasos este 2026.

En cuanto a la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas incluirá el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; las ayudas estarán relacionadas con la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema; y se excluirán del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales "a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".

Relacionado con la inmigración, aunque en este caso la medida se enmarca dentro del eje educativo, se mantendrá la “no aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí”. La Junta de Castilla y León se compromete a que este programa no se impartirá en ningún centro y muestra su rechazo explícito a “cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres”.

Vivienda

PP y Vox incrementarán un 80% la inversión en políticas de vivienda y establecerán nuevas líneas de trabajo dirigidas a personas de hasta 40 años de edad para favorecer el acceso a la propiedad. Se ampliarán también las ayudas al alquiler, se construirán al menos 5.000 nuevas viviendas a lo largo de la Legislatura y se impondrá la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegidas y al alquiler social. Por ejemplo, para comprar una VPO uno de los requisitos es que habrá que llevar un mínimo de diez años empadronado en España y, para acceder a un alquiler social, cinco.

También aparece la ocupación ilegal en el documento, y la futura Junta de Castilla y León asegura que aplicará el desahucio exprés y que creará un servicio de verificación antes de junio de 2027 para combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas.

Infraestructuras y energía

Desde el arranque del Gobierno, PP y Vox trabajarán para convertir en autovía la N-610 entre Benavente y Palencia y para mejorar la N-631 en Zamora; y se exigirá al Gobierno central la ejecución de la Variante Internacional de Rihonor de Castilla. También se desarrollará el Corredor Atlántico, lo que conllevará la apertura de la Ruta de la Plata en sus tramos Plasencia-Salamanca-Zamora-Benavente-Astorga.

En cuanto a los servicios ferroviarios, el texto deja claro el compromiso del futuro Ejecutivo autonómico de “no supresión de servicios y paradas en relaciones ferroviarias y estudiar demandas de nuevas paradas” y, además, propone que las conexiones de Puebla de Sanabria sean “Obligaciones de Servicio Público” y que se recuperen en Otero los servicios existentes antes de la pandemia.

También queda recogida la apuesta por los planes territoriales de fomento que están en desarrollo como es el caso del de Benavente; y de los planes especiales de La Raya, el Plan de Monte la Reina y el Plan de Impulso de Zamora capital y su área de influencia.

En cuanto a energía, sí que se habla de biomasa en el documento, asegurando que se impulsará como “combustible renovable, autóctono, no deslocalizable y que ofrece múltiples beneficios ambientales y ecosistémicos, como la disminución de combustible para reducir el riesgo de incendios forestales”, pero en ningún momento aparecen en el acuerdo ni el hidrógeno verde ni el biogás, que tanta controversia generan en la provincia.

Incendios

La prevención y lucha contra los incendios forestales tiene también su protagonismo en el acuerdo de Gobierno. Hay medidas como, por ejemplo, incrementar la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, el mantenimiento y la repoblación de los bosques; o aprobar un nuevo marco normativo en materia de prevención de incendios que permita mejorar la prevención en los montes y en los entornos urbanos rurales.

También se creará una línea estratégica dirigida a apoyar las inversiones de las entidades locales en materia de protección civil y se sustituirán las autorizaciones por declaraciones responsables y comunicaciones para facilitar la rápida limpieza de los bosques, incluyendo supuestos de actuaciones de limpieza libres de comunicación a la Administración.

Sector primario

Castilla y León estará “blindada” frente a la Agenda 2030. El Gobierno de Castilla y León se compromete a no aprobar ninguna medida “que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente -económica, política y jurídicamente- de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”.

El texto también recoge el rechazo del futuro Gobierno al acuerdo UE-Mercosur y avanza que manifestará, “en todas las instancias”, su frontal rechazo a la propuesta de reducción del presupuesto de la PAC en el nuevo Marco Financiero Plurianual.

También en este eje se muestra el apoyo al sector remolachero-azucarero por su valor estratégico, lo que supone un espaldarazo para Toro; y nuevas medidas como una línea de ayudas para la incorporación al sector agrario de los mayores de 40 años.

Además, antes de marzo del año de 2027, PP y Vox aseguran que aprobarán normativa autonómica específica para la prevención y respuesta frente a los ataques de depredadores, en particular el lobo, sobre la ganadería extensiva en determinadas zonas (que no aparecen detalladas). Sobre especies como el jabalí o el corzo, aseguran que “se facilitará su control cinegético”.

Sanidad

En el ámbito sanitario, destacan medidas como un Plan de mejora de las listas de espera que se implantará el 2027 o que se garantizará a lo largo de la Legislatura el acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria en un plazo máximo de 48 horas. También se desarrollará la Ley de Puestos Sanitarios de Difícil Cobertura.

Las 62 páginas del acuerdo recogen un gran número de medidas que se empezarán a implementar tan pronto como el nuevo Gobierno se ponga en marcha.

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