Caso ataúdes- Un testigo que vio en comisaría las fotos del cuerpo de su padre confirma que estaba sobre un palé y con un cartón sobre el pecho con su nombre
Algunos de los comparecientes en la Audiencia de Valladolid acusan a la funeraria El Salvador de "profanación" y tratar a sus familiares como "ganado"

Imagen de la funeraria "El Salvador" / EUROPA PRESS. - Archivo
Ical
Uno de los testigos Roberto P. que declaró hoy en la Audiencia Provincial del Valladolid en el juicio confirmó que en las fotos mostradas por los agentes de la Policía Científica durante la investigación, y que fueron tomadas por el extrabajador de la funeraria Justo Martín, pudo ver el cuerpo de su padre Moisés sobre un palé de madera y con un cartón sobre el pecho, en el que estaba el escrito su nombre.
Fue uno de los testimonios más conmovedores de entre la veintena de testigos que pasó esta mañana por la sala, tras recordar que su padre falleció en Gijón el 22 de agosto de 2013 y fue incinerado en las instalaciones del Grupo Funerario El Salvador que tenía en el cementerio de Santovenia. Precisó, según recogió la Agencia Ical, que en junio de 2019 la Policía Nacional se puso en contacto con él para enseñarle unas fotos de su padre. “Reconocí a mi padre pero no estaba en el féretro de zinc precintado, con el que vino de Gijón. Las imágenes mostraban a mi padre sobre un palé de madera y un cartón sobre el pecho, en el que estaba escrito su nombre”, apuntó a preguntas de una de las abogadas de la acusación.
Roberto P. también declaró que el velatorio tuvo lugar en las instalaciones nuevas del tanatorio del Salvador, pero que la cremación tuvo lugar en Santovenia, pese a que la familia no fue informada en ningún momento ni se le pidió permiso. “Nosotros dimos por hecho que la incineración se había producido en el mismo tanatorio”, respondió al Ministerio de Fiscal. Al igual que el resto de los testigos, aseguró que los seres queridos pudieron entrar en una sala acristalada para despedirse de Moisés, donde se veía el féretro. A continuación, el personal de la funeraria cerró las cortinas.
Es por ello que expresó, emocionado, su sentimiento de “repulsa total” con lo realizado por el grupo El Salvador. “Me parece una barbaridad, una crueldad extrema, una falta de profesionalidad por parte de los empleados y una vergüenza que no tiene límites”, sentenció.
María del Carmen B. también ofreció su testimonio en la Audiencia por la incineración de su hijo Ismael G., que falleció el 8 de noviembre de 2003. Apuntó que, durante el funeral y la posterior incineración de su cuerpo, se sorprendió que “todo se hizo muy deprisa”. No en vano, subrayó que le hubiera gustado estar más tiempo con su “niño” pero se lo “quitaron”. “Me agarré al féretro para estar un rato más con él pero uno de los trabajadores del Salvador lo metió para dentro y ya no vi nada más. Se acabó”, confesó.
También hizo referencia al episodio que vivió su otro hijo cuando fue a recoger las cenizas de su hermano en las oficinas de la funeraria en la calle Angustias. “Tuvo un encontronazo con un trabajador porque al llegar allí vio que la urna estaba tirada en el suelo, en un rincón”, expuso.
Por todo ello y tras conocer la forma de actuar de la empresa del Salvador, la mujer se preguntó si las cenizas que les entregaron son realmente las de su hijo y los restos de cuántas personas pudo haber en la urna. Tras esta declaración, el presidente del tribunal trató de tranquilizar a María del Carmen al asegurar que el cuerpo de su hijo era el que estaba en el ataúd y los restos que le entregaron pertenecen a su ser querido. “Eso no se discute. Lo que se aborda en este juicio es el cambio de féretro”, manifestó.
Otra de las testigos que desfiló por la sala fue María Begoña P., por la incineración de su marido Antonio R., que falleció el 28 de mayo de 2014, tras suicidarse. Apuntó que, tanto ella como su hija, pidieron entrar a despedirse de él en la sala donde estaba el cuerpo pero que, luego, les mandaron salir. Mostró su malestar con todo lo que se ha conocido. “Tengo mil sentimientos encontrados. No dejo de pensar que mi marido, antes de acabar con su vida, dejó sus voluntades escritas que no se han cumplido y yo no he podido hacer nada. Nadie puede estar con esta zozobra, ni las familias ni los fallecidos ni quienes hicieron esto”, expresó, visiblemente emocionada. Añadió, según Ical, que la empresa y los empleados de la funeraria del Salvador no han tenido moralidad ni han respetado a los muertos, que es lo “más sagrado en cualquier civilización”.
Uno de los testimonios relevantes fue el de María Asunción B., que acudió a declarar como testigo por la cremación de su padre Pedro B., fallecido el 6 de marzo de 2005. Tras acudir a una oficina del Salvador situada junto al Hospital Río Hortega, recordó que una empleada de la funeraria -Anabel M.- presionó a su hermana y a ella para que adquirir un féretro más caro. “Como iba a ser incinerado, pensamos en comprar un ataúd sencillo pero la trabajadora nos dijo que nuestro padre se merecía lo mejor, por lo que, al final, elegimos de un precio más elevado”, apuntó.
También coincidió con otros testigos en que mostraron su sorpresa con las prisas que hubo en el traslado del tanatorio de la carretera de Cementerio a Santovenia, para proceder a la incineración. María Asunción expuso que los familiares quisieron portar a hombros el ataúd hasta la sala donde se iba a producir la cremación pero el personal de la funeraria no lo permitió y la caja fue puesta sobre una camilla con ruedas para desplazar el cuerpo. Al igual que en todos los casos, no vieron cómo el féretro entraba en el horno. “Cerraron las cortinas y daban a entender que nos teníamos que ir”, añadió.
Ahora, se ha visto obligada a “remover” esos tristes momentos, con un sentimiento de estupefacción y rabia. “No creíamos que hubiera personas con tan baja moral”, concluyó su testimonio.
Benjamín M., quien contrató los servicios funerarios del grupo El Salvador tras la muerte de sus padres en 2011, en un plazo de mes y medio, también expresó su malestar porque siempre pensó que sus progenitores tendrían un “final digno” y que no fueran tratados como “ganado”.
Otra mujer, María Eusebia N., como testigo tras la muerte de su padre Antonio N. el 31 de mayo de 2002, también mostró sus dudas por si las cenizas que le entregó el tanatorio no son realmente las de su padre. “Esto es muy cruel y psicológicamente, te afecta”, afirmó. También recordó que un primo pidió poder ver el momento en que el féretro entraba en el horno y le dijeron que no era posible.
Cenizas de poco peso y con piedras
María Eugenia R, que incineró en el grupo El Salvador a su marido Esteban, que falleció el 11 de mayo de 2012. Apuntó que el féretro estaba en un pórtico en el cementerio de Santovenia, donde unos músicos y unos amigos le dieron un homenaje. Al finalizar, precisó, metieron el ataúd en un recinto y ya no vieron más. En relación a las cenizas que les entregaron en una urna, pasados dos días, mostró su extrañeza porque pesaban poco y al derramarlas, parecían piedras. “En aquel momento, no lo procesas, pero ahora no entiendes que puedan ocurrir estas cosas. Gente así no trabajar, de nuevo, en este negocio”, confirmó.
Otro de los testigos fue Javier L., cuyo padre murió el 23 de noviembre de 2014. Rememoró que su madre tenía interés en ver por última vez su cuerpo antes de la incineración pero el personal de la funeraria lo desaconsejó al decir que era un momento “desagradable”. De probarse los hechos por el tribunal, calificó la actuación de la funeraria como “intolerable” e “inhumana”, hasta el punto que lo consideró una “profanación”.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
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