El Noroeste se une por encima de las siglas para pedir el fin de las autopistas de peaje, que la Comisión Europea considera irregulares

Asturias, Galicia y Castilla y León pagan un enorme peaje respecto al resto de España. Literalmente. Las tres comunidades, que participarán en el Foro del Noroeste, una cumbre organizada por Prensa Ibérica -grupo líder de la prensa regional al que pertenece este periódico-, comparten una reivindicación común: poner fin a dos autopistas de pago que condicionan la movilidad de sus ciudadanos.

Se trata de la autopista del Huerna (AP-66), principal conexión de Asturias con la Meseta a través de la provincia de León, y de la AP-9 en Galicia, que recorre el eje atlántico entre Ferrol y la frontera portuguesa, pasando por ciudades como A Coruña, Santiago, Pontevedra o Vigo.

Actualmente, cruzar la asturiana AP-66 cuesta 16,20 euros, el precio más alto de su historia. En la vía gallega, las tarifas varían según el tramo, pero el trayecto entre Vigo y A Coruña alcanza ya los 21,40 euros.

Bruselas prevé llevar las concesiones de los peajes a la justicia europea, que podría anularlos

Ambas infraestructuras presentan notables similitudes. La principal: la ampliación de sus concesiones en el año 2000 por parte del Gobierno central -hasta 2050 en la AP-66 y hasta 2048 en la AP-9- se realizó, según la Comisión Europea, de forma irregular y sin concurso público. Bruselas mantiene abierto desde 2021 un expediente de infracción conjunto sobre ambas autopistas. El proceso se inició con la AP-9 y posteriormente se amplió a la AP-66. El último dictamen motivado, paso previo a que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha reactivado la presión política. Las tres comunidades han reclamado al Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista Óscar Puente, la supresión de los peajes.

Sin embargo, el Ministro rechaza el rescate de las concesiones, alegando su elevado coste económico, lo que ha tensado las relaciones con los gobiernos autonómicos del socialista Adrián Barbón (Asturias) y de los populares Alfonso Rueda (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). Las tres regiones hacen piña por encima de siglas políticas para reclamar la supresión. La Comisión Europea también cuestiona el proceso de privatización de estas autopistas, originalmente estatales. Según Bruselas, el Ejecutivo popular de José María Aznar amplió las concesiones para incrementar su valor antes de vender la Empresa Nacional de Autopistas (Enausa), operación que se cerró en 2003. Tres años antes, en 2000, ambas vías ya habían sido prorrogadas pese a que aún restaban dos décadas para el fin de sus concesiones.

"La única explicación verosímil de la prórroga extremadamente prematura de ambas concesiones por más de veinte años antes de la fecha final del plazo de las mismas es que las autoridades españolas tenían la intención de venderlas a corto plazo y querían obtener el máximo beneficio gracias a su prórroga", sostiene la Comisión Europea. El dictamen ha provocado protestas en los tres territorios, donde crece la sensación de que solo Europa, en caso de que el proceso llegue al tribunal, podrá forzar la anulación de las concesiones. De hecho, las tres comunidades escribieron una carta conjunta a Óscar Puente en octubre del año pasado solicitando el fin de peaje. No hubo respuesta.

A este conflicto se suma el estado de las infraestructuras. En la AP-9, el Tribunal Supremo ha ratificado recientemente que la concesionaria debe devolver parte de los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande, al considerar que no se informó adecuadamente a los usuarios.

Óscar Puente, ministro de Transportes, rechaza el rescate de las autopistas

En el caso del Huerna, la polémica también está servida. El exdiputado de Podemos Daniel Ripa ha acudido a la Fiscalía apoyándose en esa sentencia, denunciando una situación similar: desde noviembre de 2024 persiste un argayo de grandes dimensiones sin resolver, junto a obras en los túneles, mientras el peaje se ha seguido cobrando íntegramente.

Paralelamente, la Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias) ha presentado una denuncia contra la concesionaria ante la Dirección General de Consumo del Principado, que ya ha remitido un requerimiento a la empresa tras detectar posibles incumplimientos.