El Gobierno creará diecinueve plazas de jueces en Castilla y León durante 2026, ninguna en Zamora
El Ejecutivo central reforzará los tribunales de instancia de Valladolid, León, Burgos, Salamanca, Segovia y Ávila, con 18 de las 19 nuevas plazas de jueces
Una sala de juicios. / Ical
Añádenos en GoogleEfe
El Gobierno creará diecinueve plazas de jueces en Castilla y León en 2026, "la mayor ampliación de la planta judicial en la historia", lo que supondrá un crecimiento del 5,8 %, ha informado este lunes el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en nota de prensa.
En total, en España, el gobierno creará 500 plazas judiciales en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, con lo que la actual planta judicial crecerá un 8,5 % en un año.
De las 19 nuevas plazas en la Comunidad castellanoleonesa, 18 serán para tribunales de instancia (TI) y una para la Audiencia Provincial de León. Entre los TI que se verán reforzados figuran los de Valladolid, León, Burgos, Salamanca, Segovia y Ávila.
Con las diecinueve previstas para Castilla y León, se crearán, en un año, casi tantas plazas judiciales como en la última década - en ese tiempo se crearon veintidós -.
Nuevo modelo organizativo
La creación de nuevas plazas en España es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.
El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000.
Por tanto, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260.
La distribución de las nuevas plazas en España se ha realizado atendiendo a criterios como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia.
El Ministerio también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado diciembre.
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