UGT lleva a la Junta de Castilla y León ante el Serla y la justicia por no reclasificar a sus trabajadores

El sindicato UGT ha demandado judicialmente a la Consejería de Sanidad por negarse a aplicar la reclasificación de los técnicos superiores sanitarios y de los de cuidados auxiliares de enfermería y ha presentado conflicto colectivo ante el servicio de mediación Serla por incumplir el convenio colectivo del personal laboral, con entre 15.000 y 20.000 trabajadores a los que se les paga por debajo de la titulación que se les pide.

En rueda de prensa este lunes en Valladolid, que ha arrancado con el pésame a las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el secretario de Servicios Públicos de UGT en la comunidad, Tomás Pérez Urueña, ha argumentado que demandas responden a los incumplimientos de esas reclasificaciones que reivindican desde hace más de una década.

UGT reclama a la Consejería que los Técnicos Superiores Sanitarios estén en el Grupo B y los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) deben pasar del C2 al C1, reconociendo su titulación real y sus funciones, lo que llevan reivindicando desde hace más de una década sin respuesta de la Junta.

Cansancio tras no ser escuchados

"Tras el cansancio de que no seamos escuchados hemos tenido que recurrir a los tribunales. La demanda se inicia con la categoría de Técnicos Superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, pero el objetivo es global: ganar un caso para ganar el derecho de todos", han explicado.

Por otro lado, y por el mismo concepto (reclasificación profesional) el sindicato presentará esta semana un conflicto colectivo ante el SERLA, lo que supone el primer paso para la fórmula de la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia, por el incumplimiento del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de esta.

Dicho Convenio, cerrado en 2023 entre la Junta de Castilla y León y la propia organización sindical, junto a otros agentes, prevé en su articulado la necesaria reclasificación de sus trabajadores laborales, adaptando las categorías en función "de los niveles de titulación, formación y capacitación precisos para ejercer las categorías profesionales asignadas".

En este sentido, el plazo previsto para realizar esta adaptación era el 31 de diciembre de 2024 y la vigencia del convenio finalizaba el 31 de diciembre de 2025 y, sin embargo, a fecha de hoy, no está prevista ni planificada la puesta en marcha de esta tarea.

Ese convenio regula los derechos laborales de unos quince mil trabajadores, mientras que la reclasificación afectaría a cerca de cinco mil y con un coste aproximado de entre diez y quince millones de euros.