Guerra a los incendios forestales en Castilla y León: 80 millones de euros en acciones de prevención

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó hoy que convocarán “próximamente” para este año actuaciones en materia de prevención de incendios forestales, con un presupuesto de 80 millones de euros, tras los trabajos llevados a cabo durante 2025, de acuerdo al Plan Anual de prevención, vigilancia y extinción de la Comunidad.

Suárez-Quiñones, que compareció este miércoles a petición de los grupos Socialista y Vox en sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes, destacó que él también lo había solicitado en septiembre y recordó que se han atendido 109 iniciativas parlamentarias, a lo que se suma la intervención del propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco en agosto, como recoge Ical.

Al respecto, el consejero recordó que en 2026 se ejecutaron trabajos de selvicultura preventiva en 20.184 hectáreas con una inversión de 50,4 millones y se realizaron labores de mantenimiento y creación de cortafuegos en 1.325 hectáreas y gradeos en 2.134 (3.459 en total). Además, recordó que anualmente se extraen unos tres millones de metros cúbicos de madera, entre otras medidas. 

Pesar y consternación

En ese sentido, el consejero quiso manifestar de nuevo su “pesar” y “consternación”, la de todo el equipo de extinción de incendios y de la propia Junta, por las personas fallecidas y heridas. Además, destacó el compromiso del Ejecutivo autonómico con todos los afectados y deseó una “pronta” restauración de los daños causados por la oleada de incendios de la última campaña.

Igualmente, defendió que la Junta “organiza”, “planifica”, “cumple” con las disposiciones normativas, “trabaja de manera continua” en la coordinación con otras administraciones y ayuda a la administración local. Además, expresó la “disposición siempre a mejorar” y a hacer un análisis “autocrítico” para avanzar hacia mejoras constantes en el operativo.

Respecto al papel de la Administración General del Estado, Suárez-Quiñones denunció que la ley estatal de Montes recoge hasta cinco desarrollos reglamentarios sobre personal y otras directrices que siguen pendientes, salvo uno, el referido a las planificaciones para la prevención y defensa frente a incendios que criticó se hizo “deprisa y corriendo” en septiembre, tras los fuegos de verano, y con “errores crasos”.

En su explicación, Suárez-Quiñones defendió la existencia de una “organización y planificación previa”, según recoge el Plan Infocal, así como el “papel” de las entidades locales en la protección de sus vecinos, las poblaciones y las infraestructuras locales, que recordó deben contar con planes de actuación. 

“La Junta ha estado y estará ahí”, dijo el consejero, quien añadió que “hará lo que tenga que hacer en su apoyo” ante sus limitaciones técnicas y económicas, a pesar de que recordó deben las diputaciones provinciales las que les ayuden. También destacó el decreto-ley, que rechazaron las Cortes, para flexibilizar y simplificar la normativa con el fin de facilitar las actuaciones frente al fuego por parte de las entidades locales.