La Junta estudia acciones judiciales para obligar al Gobierno a enviar el informe a la UE sobre la situación favorable del lobo

LaJunta estudia acciones judiciales para obligar al Gobierno a convocar una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que apruebe el informe sexenal sobre la situación del lobo, que entiende que es favorable, y que el Ejecutivo central lo envíe a la Unión Europea para que Bruselas flexibilice la gestión del cánido al norte peninsular y poder reducir la población, ante los ataques a la ganadería, que en primer semestre de 2025 ascienden ya a 1.991, con el 73 por ciento sobre vacuno, que se han saldado con 2.628 cabezas muertas (seis de cada diez, correspondientes a bovinos).

6.000 muertes en ganadería

Así lo trasladó, en declaraciones a Ical, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien denunció que el Gobierno "no haya tenido tiempo en todo el año 2025 para mandar el informe", una queja para la que la Junta cuenta con el respaldo de las organizaciones agrarias. "No quiere que se gestione el lobo. No quiere que se disminuya la densidad allí donde causa daños", comentó, para estimar que este año se cerrará con una cifra similar de pérdidas ganaderas que en 2024, que concluyó con alrededor de 6.000 muertes en la ganadería castellana y leonesa.

Suárez-Quiñones argumentó la necesidad de esta gestión por la "zozobra de los ganaderos, que sufren una presión psicológica intolerable". "A pesar de que les compensamos las pérdidas, el ganadero no quiere compensaciones, quiere su ganado. Y Castilla y León necesita su ganado, necesita los productos de calidad que derivan del mismo, como los productos lácteos y la carne. Eso es lo queremos todos, pero Gobierno de España no, porque piensa en razones ideológicas, que es incomprensible, no quiere que haya ningún tipo de control y de gestión del lobo", criticó.

Modificación de la directiva

El consejero recordó que la Junta "enarboló" una acción en Europa que "consiguió de una forma verdaderamente muy meritoria la modificación de la directiva para toda Europa, para flexibilizar y permitir la gestión de la especie del lobo, que convenció a Europa y a los 50 países del convenio de Berna". Se logró, también, mediante una enmienda, que la Ley de Desperdicio Alimentario contara con una enmienda para "afianzar en la normativa nacional que el lobo fuera gestionable por las comunidades", que en este caso son de "signo político diferentes".

La enmienda en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario obliga a emitir ese informe, que "tocaba en 2025, a través de una comisión sectorial con las comunidades autónomas". Castilla y León preparó un informe en la Comisión de Biodiversidad que fue de conservación favorable, pues el censo publicado en 2024 establecía que había pasado de 279 manadas a 333 y se había extendido el territorio. Ello motivó la convocatoria de la Conferencia Sectorial por parte del Ministerio, pero de repente se desconvocó, achacó el consejero, por “los movimientos ideológicos”, con lo que ya no se pudo aprobar informe. Por tanto, lamentó que el Ejecutivo "esté en rebeldía, en incumplimiento de la directiva europea".