Castilla y León iniciará en enero el programa de alquiler asequible que cubrirá el pago de rentas y posibles daños

La Junta de Castilla y León prevé poner en marcha en unas semanas, a partir de enero, el Programa Tuya Alquila, comprometido en marzo por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que supondrá una especie de ayudas o "seguro universal” para vencer el “miedo” que pueden tener algunos propietarios para arrendar sus casas a precios asequibles. De esta forma, cubrirá tanto el pago de las rentas como posibles daños a cambio de que se alquilen, como máximo, al valor fijado para las viviendas protegidas.

En paralelo, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio tramita una reforma del decreto de 2013 del Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad con el objetivo de incrementar el número de vivienda que están disponibles en el mercado de alquiler, ya que reconoce que se han incrementado las dificultades para acceder a una casa.

De esta forma, el nuevo programa de la Junta se pondrá en marcha antes de que se haya aprobado el nuevo decreto, por lo que en un inicio no podrá beneficiarse de las mejoras que incorpora la reforma legal a la que todavía le quedan algunas fases de tramitación.

Medidas públicas

En concreto, la Junta prevé en su nuevo decreto acabar con la reducción de precios para beneficiarse de las medidas públicas, ya que se limitaba al 80 por ciento del valor de la vivienda protegida de ese municipio. El Ejecutivo autonómico prevé elevarlo hasta el 100 por 100 para equipararlo con el fijado para estas casas y que ha sido actualizado con la orden del pasado 10 de julio.

También se fijan unos ingresos mínimos y máximos de los arrendadores que parten de tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y llegan hasta 6,5 veces en función de los integrantes de la unidad familiar. De esta forma, se fijan a partir del límite recogido en las ayudas al alquiler para la población de mayor vulnerabilidad, que en su última resolución se acercó a los 21.000 beneficiarios.

Suministros y servicios

Además, se aclara que serán por cuenta del arrendatario los gastos correspondientes a suministros y servicios de los que disponga la vivienda, así como, en su caso, el cambio de titularidad. También, se exige que el inquilino no puede haber estado sujeto a un procedimiento de desahucio por falta de pago ni haber causado “graves” desperfectos en alguna vivienda arrendada. Otras de las condiciones son empadronarse en la vivienda, no subarrendarla, ni permitir que residan personas que no figuren en el contrato y no tener parentesco de hasta el tercer grado con el propietario.

Finalmente, el nuevo decreto elimina la limitación incorporada en 2013 que exigía que las viviendas se ubicaran en municipios de población igual o superior a 5.000 habitantes. También, se añaden la exigencia de seguro decenal -póliza que cubre daños estructurales graves- para las viviendas con menos de diez años y la garantía de operatividad de los servicios básicos -agua, electricidad y gas-.