La Junta retira de las Cortes el proyecto de ley de violencia de género al constatar el "no" del PSOE

La Junta acordó hoy retirar el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León que se tramitaba en las Cortes al constatar el voto en contra y rechazo del PSOE. Esta renuncia a renovar la normativa se produce horas antes de que se reuniera la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidad que iba a debatir y votar las enmiendas parciales y el texto final.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comunicó la decisión adoptada por la Junta, de acuerdo al artículo 124 del Reglamento de las Cortes, al conocer que no iba a poder aprobar esta norma al no existir una mayoría favorable.

"Debe nacer del consenso"

Fernández Carriedo insistió en que la nueva ley debe nacer del “consenso”, por lo que al no ser posible su aprobación por acuerdo, renuncia a tramitar la nueva norma para evitar que la violencia de género se convierta en un “arma electoral” por parte de algún partido político. 

En ese sentido, el portavoz de la Junta se refirió a la posición expresada este miércoles por la viceportavoz socialista Nuria Rubio, quien advirtió al PP y la Junta de que si no se aceptaban parte de sus enmiendas, que consideró “líneas rojas”, no apoyarán la ley, así como a que los socialistas no asistieran a la última reunión de la ponencia y comunicara en un escrito su “voto en contra”.

En conjunto, el proyecto de ley, que no recibió ninguna enmienda a la totalidad, contó sin embargo con 279 enmiendas parciales al articulado, calificadas en mayo por la Mesa de la Comisión de Familia. De ellas, 103 corresponden al Grupo Socialista, siete al Popular, 37 a UPL, 33 a Soria Ya, 57 a Pablo Fernández y 42 a Francisco Igea. Vox no presentó ninguna propuesta y rechaza de plano la ley, por lo que ya ha avanzado su oposición.

Nuevas formas de agresión

El anteproyecto, aprobado el 9 de enero por el Consejo de Gobierno, tipifica nuevas formas de agresión como la digital y tecnológica, la vicaria o la de segundo orden, y completa la red de atención y protección con los centros de crisis ‘Atiendo’. De acuerdo a los informes que lo acompañan, su aplicación supondrá un coste total de 14,26 millones de euros al año.

La modificación de la actual norma, aprobada en noviembre de 2010, hace algo más de 15 años, se inició en el último mandato de Juan Vicente Herrera, para lo que se conformó una comisión especial en las Cortes. El primer gobierno de Alfonso Fernández Mañueco retomó la reforma en su primer gabinete de coalición con Ciudadanos, si bien el adelanto electoral de diciembre de 2021 impidió completar la tramitación.