Carriedo: "Pollán es el responsable de los problemas del presupuesto"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que "es el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y no la Junta, quien tiene que dar explicaciones sobre si se aprueba o no el presupuesto del parlamento autonómico". En su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, señaló que el ejecutivo autonómico "ha hecho lo que tenía que hacer, prever cantidades suficientes en la Sección 20 de los PGC y presentar en plazo el proyecto de presupuestos", y añadió que ahora "las Cortes son soberanas para presentar enmiendas a ese apartado de los PGC de la Junta". "Si en algún momento se ponen de acuerdo en la Mesa sobre el presupuesto que quieren, y el presidente de las Cortes nos lo comunica, se podría incorporar vía enmienda durante el trámite parlamentario", explicó.

Carriedo lanzó al aire una pregunta: "¿Deberíamos haber esperado hasta que Pollán nos remita el acuerdo de la Mesa sobre los presupuestos que quiere para las Cortes? Castilla y León no puede tener presupuestos hasta que las Cortes se pronuncien en mesa sobre sus propios presupuestos?".

38 millones para las Cortes

Señaló además que el presupuesto reservado a las Cortes en los PGC asciende a 38 millones de euros, ya que "las cantidades previstas en la Sección 20 no van congeladas, que era una posibilidad, si no que se han actualizado y contemplan un crecimiento que ronda el 7 por ciento respecto al ejercicio anterior". "Si el presidente de las Cortes considera que con eso no le llega lo puede manifestar", añadió el portavoz del Ejecutivo.

Al respecto, manifestó que "es la primera vez que las Cortes no son capaces de aprobar un presupuesto propio para incluirlo en el anteproyecto de los PGC" y aclaró que "han tenido tiempo desde julio para aprobarlo". "Ni el propio presidente de las Cortes votó a favor del proyecto de presupuesto que él mismo presentó. El miércoles se debatió y salió rechazado, y no tuvo ni el voto a favor del propio presidente. A lo mejor Vox tiene que dar explicaciones sobre eso", deslizó.

En declaraciones recogidas por Ical, el portavoz de la Junta explicó también los retrasos en los pagos al Legislativo durante este año e indicó que el Ejecutivo ha pagado a las Cortes "todo lo previsto, lo que les corresponde y lo que ellos fijaron", si bien reconoció haber abordado "algunas dificultades" que achacó a los impagos por parte del ejecutivo central, que han tenido un impacto para las autonomías de "110 millones de euros que se dejaban de percibir cada mes".

Remanente

"Los pagos finales se han producido en septiembre. Nos han llegado 900 millones y hemos priorizado los pagos más urgentes: servicios públicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales para las personas con menor nivel de renta y recursos y para los colectivos más vulnerables. Vox en su carta considera que lo más importante es pagar a las Cortes, pero nunca ha estado en riesgo que las Cortes no pudieran afrontar sus gastos diarios, porque tienen un remanente más que suficiente", señaló antes de recalcar: "Estamos al día y hemos priorizado los servicios públicos".

Trama eólica

Por otro lado, el consejero de Economía y Hacienda subrayó tras la reunión del Consejo de Gobierno el "respeto al procedimiento judicial" ante el desarrollo en los tribunales del proceso por la conocida como "trama eólica" y recalcó que "la justicia está trabajando y actuará". "Nuestra función como administración es respetar esas decisiones. Estamos muy acostumbrados en España a que el Gobierno central critique a los jueces y emita juicios de valor sobre decisiones judiciales de una forma crítica, pero nuestra postura es la del respeto", detalló. Además, aclaró que el ejecutivo regional no ha reservado cantidad alguna en los presupuestos para afrontar "eventuales indemnizaciones".

Requerimiento

Por otro lado, el Consejo de Gobierno autorizó al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a formalizar un requerimiento previo al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en cumplimiento del principio de lealtad institucional, sobre el cálculo correspondiente a la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica de 2023 (que se cierra dos años después), que permita la prestación de servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Carriedo, en calidad de portavoz, señaló que el Ejecutivo reclamará en torno a 315 millones de euros de esta liquidación, es decir, que considera que estaría sobre los 931 millones (ya que la reconocida por el Gobierno es de 616 millones). La Junta ha adoptado este acuerdo para el envío del requerimiento con el objetivo de "plantear el interés general de la Comunidad, la adecuada gestión de los servicios públicos de calidad que presta la Junta y que han de estar correctamente financiados, así como la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional".