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Castilla y León prepara un nuevo dispositivo contraincendios más profesional, estable y público

Será estable durante todo el año y se reconocerá la calificación de Bombero Forestal

Protestas a las puertas de Las Cortes el pasado 24 de septiembre.

Protestas a las puertas de Las Cortes el pasado 24 de septiembre. / R. Valtero - Ical

Efe

Valladolid

La Junta de Castilla y León aprobará en las próximas semanas medidas para profesionalizar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, con mejora de las condiciones laborales y refuerzo en su carácter público, que incluirá el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y un dispositivo estable y público activo durante todo el año.

La propuesta integral pretende transformar el dispositivo de incendios forestales de la Comunidad, con medidas en materia de profesionalización, estabilidad y reconocimiento de los empleados públicos, tanto funcionarios como personal laboral, ha indicado la Consejería de Presidencia en nota de prensa.

Dicha transformación plantea cuestiones como la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B; la consolidación de un dispositivo estable durante todo el año, de carácter público; el reconocimiento de la calificación de Bombero Forestal; y mejoras en la carrera profesional y la formación de estos empleados públicos.

Bomberos forestales, una reclamación histórica

Cumpliendo con la Ley de 8 de noviembre de 2024 Básica de Bomberos Forestales, la Junta propone el reconocimiento oficial de la calificación de Bombero Forestal para todos los empleados públicos que desempeñan funciones vinculadas directamente a la extinción, vigilancia, detección, mantenimiento de infraestructuras y restauración del medio natural.

Este reconocimiento, que incluirá a funcionarios y personal laboral, se realizará mediante una modificación de las relaciones de puestos de trabajo que se aprobará antes de finalizar este 2025; y además supondrá no solo una mejora jurídica, sino también la posibilidad de optar a jubilación anticipada de los profesionales.

Además, todos los empleados públicos que adquieran la calificación de Bombero Forestal percibirían un nuevo complemento específico, que se creará de manera acorde a la especialización y el riesgo de las funciones desempeñadas.

Un concepto amplio de lucha contra incendios

Para la creación del cuerpo de agentes medioambientales en el Grupo B, la Junta contempla la integración voluntaria de los actuales funcionarios de la Escala de Agentes Medioambientales del Subgrupo C1 (que quedaría a extinguir) en un nuevo Cuerpo de la Administración Especial, con acceso a niveles comprendidos entre el 18 y el 24, y con una titulación de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural como requisito mínimo de ingreso.

Todos los funcionarios podrán acogerse a este proceso voluntario de integración directa, que implicará también la percepción de retribuciones básicas y complementarias propias del Grupo B, así como la aplicación del complemento de carrera profesional horizontal correspondiente.

En cuanto al personal laboral, el objetivo es garantizar la conversión de los actuales puestos de fijos discontinuos del dispositivo de incendios, que trabajan unos meses al año, en puestos a jornada completa durante todo el año.

La medida afectará a las categorías de operador del centro de mando, oficial de montes-conductor maquinista de autobomba, vigilante de incendios, y peón de montes y extinción; también se considerará como actividad en incendios no solo la extinción sino también la prevención, la vigilancia y detección y la posterior restauración de masa forestal afectada.

Además, la Consejería de la Presidencia estudia la conversión de personal laboral en funcionarios de los empleados públicos pertenecientes a la categoría profesional de celador de medio ambiente, que podrán pasar a ser agentes medioambientales mediante promoción interna.

Profesional y público

La propuesta del Gobierno autonómico pasa por modificar la naturaleza de todo el dispositivo de incendios para que se desarrolle totalmente por profesionales del sector público, salvo aquellos casos excepcionales que requieran servicios especializados privados, una medida se implantará de forma paulatina entre los años 2026 y 2028.

Además, a través de la Escuela de Administración Pública se implementará un plan de formación específico, diseñado en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el Centro para la Defensa contra el Fuego de León, para profesionalizar a los trabajadores del servicio, tanto para los actuales como para los futuros.

Todas estas medidas afectarán directa a casi 2.200 empleados públicos propios de la Junta de Castilla y León que actúan en el ámbito de los incendios forestales.

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