Luz verde al recurso de inconstitucionalidad contra el reparto del Gobierno de menores migrantes

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley del Gobierno por el que se “impone” el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre las autonomías, porque “vulnera competencias exclusivas” de la Comunidad.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó además que este Decreto-Ley es contrario a los principios de igualdad y solidaridad, porque se exige un aumento de menores inmigrantes para la Comunidad del 300 por ciento frente al cinco por ciento de Cataluña.

“Es injusto, impuesto e invade competencias”, resumió el portavoz de la Junta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en declaraciones recogidas por Ical, en las que afeó al Ejecutivo nacional que planteara el reparto “sin negociación” con las comunidades.

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“Queremos seguir siendo una comunidad solidaria, pero en el plano de la igualdad y el acuerdo, y no de la imposición del Gobierno o de la insolidaridad en la aplicación de estas medidas”, defendió Carriedo, que además denunció la vulneración de competencias que supone la norma y el “daño” para la autonomía financiera de las comunidades ya que “se fuerza a nivel concreto de recursos para este tipo de instalaciones” cuando la distribución no es equivalente entre todos los territorios de España”.

Dentro de plazo

El recurso se presenta así “dentro del plazo” de tres meses desde la aprobación del Decreto-Ley y con la “información adicional que supone conocer la distribución de incrementos entre las comunidades”, lo que según Carriedo, permite incluir el factor de “insolidaria” en el recurso.

También mostró el deseo de la Junta de que se paralice el Decreto-Ley con las medidas cautelares que pueda plantear el Tribunal Constitucional para que “el Gobierno pueda tener la opción de reiniciar el diálogo”, al que la Junta iría “con voluntad de acuerdo” y desde su concepción como “comunidad solidaria” porque “los menores requieren apoyo y atención”.

No obstante, recordó que la posibilidad de que se incluyan medidas cautelares “depende de la Administración de Justicia y no tanto de la Junta”, que mantiene en todo caso su “voluntad de diálogo y acuerdo para encontrar posiciones comunes” frente a un Gobierno del que dijo: “Tenía una decisión pactada con algún partido separatista para transferir competencias del Estado a una comunidad en materia de migración”.