Castilla y León clama por una financiación «justa» y sin privilegios

Castilla y León es uno de los feudos históricos del Partido Popular que se ha caracterizado por cierta lealtad institucional con el Gobierno de distinto color político. Alfonso Fernández Mañueco no es el ariete anti Sánchez representado por otros barones y baronesas populares, lo que no significa que carezca de frentes abiertos con el Ejecutivo central, con el que mantiene reivindicaciones de calado, algunas compartidas con sus correligionarios de Núñez Feijoó, otras más «mesetarias» relacionadas con los graves problemas de dispersión y despoblación que no se sufren por igual en todas partes, pero sí son males generales en la comunidad autónoma y región más grande de Europa.

Estas son las claves de uno de los principales caballos de batalla que se centra en la financiación autonómica. El propio Mañueco y su consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo se revuelven en los sillones cada vez que se habla de condonaciones de deuda a Cataluña («mutualizamos entre todos lo que ellos no pagan») o de repartos de los dineros comunes con criterios de negociación bilateral. Más allá del eslogan que implícitamente viene a decir que «Cataluña nos roba», Castilla y León busca un modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta factores como la dispersión de la población, la misma despoblación y en galopante envejecimiento a la hora de discernir qué parte del pastel de la financiación estatal le corresponde. 

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Porque más allá de las posturas partidistas de corto plazo es ahí donde se juega el futuro Castilla y León, donde esta la diferencia entre poder prestar unos servicios que por esos factores han de ser más caros que en otros lugares o quedarse como región de segunda, subdesarrollada con respecto al resto del país. 

«Una financiación justa» es lo que reclama Castilla y León, con unas claves que le permitan funcionar con menos déficit y mantener banderas como las de la educación o los servicios sociales con las que actualmente sacan pecho los de la gaviota, conscientes del lastre que supone mantener una población dispersa y envejecida. Si las comunidades ricas están interesadas en que se compensen ingresos y gastos para igualar las «balanzas fiscales», Castilla y León entiende que esa fórmula tiene trampa y lo que hay que ver es una financiación justa de los servicios que presta cada territorio.

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Además de este foro que fomente un modelo «justo» de financiación autonómica decidido «entre todos», frente al uso de condonaciones de deuda como moneda de cambio de acuerdos políticos, el Ejecutivo de Mañueco tiene otras reivindicaciones. En materia de infraestructuras la queja está con la lentitud de concreción del Eje Atlántico, el gran corredor de transporte de conexión con Europa y el noroeste peninsular que dejaría a Castilla y León en un lugar mayor centralidad que el actual. El hecho de que no se haya definido siquiera un plan de inversiones con plazos es lo que más preocupa en este sentido.

Sin olvidar reivindicaciones pendientes como la A-11, la autovía del Duero que vertebra la comunidad de Soria a Valladolid y de Zamora a Portugal o el tren Ruta de la Plaza, que permitiría la vertebración del oeste peninsular y de nuevo convertiría a Castilla y León como referencia de la conexión de los puertos del norte y el sur de España: Algeciras con Gijón, Coruña e incluso Portugal.

Hay otros muchos campos donde Castilla y León tiene una visión radicalmente distinta a los diseños del Gobierno. En el ingreso mínimo vital la postura de la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, siempre ha sido muy crítica porque funciona peor que la Renta Garantizada de Ciudadanía autonómica. Una gestión autonómica de estas ayudas sería mucho más eficaz, considera al número 2 del Ejecutivo de Mañueco, avalada por las excelentes notas que saca en aspectos como la gestión de la Ley de Dependencia o las residencias de mayores.

También ha sido crítica Blanco con la gestión del reparto de menores de Canarias, sobre todo porque el Gobierno actúa de espaldas a unas comunidades autónomas que a la postre son las que tienen que asumir los cupos de inmigrantes. El control de fronteras, recuerda Castilla y León es competencia exclusiva del Gobierno y por tanto es el responsable último de la gestión del problema de la inmigración. 

Saca pecho Castilla y León de sus buenos resultados en Educación que avalan los informes de evolución como Pisa. Y desde hace años está reclamando un examen de la EBAU (o PAU) único para todo el país, en la idea de que con este sistema los alumnos de la comunidad saldrían beneficiados por unas pruebas más justas. No parece que vaya conseguir su objetivo, aunque sí hay voces que apoyan cierta homogeneización. En Sanidad, la falta de médicos, endémica en Castilla y León ha propiciado que desde la comunidad se estén exigiendo constantemente consensos amplios nacionales en este sentido. El titular de la cartera, Alejandro Vázquez, considera que este grave problema sólo lo puede solucionar el Gobierno tomando medidas políticas de alcance, como la ampliación de las plazas MIR, ya que sin ellas las políticas de incentivos autonómicas pueden tener poco recorrido, o no el suficiente para paliar la situación. Una plantilla envejecida y puestos poco atractivos en el mundo rural hace que la falta sobre todo de médicos de familia (también especialistas hospitalarios) sea un quebradero de cabeza y fuente de reivindicación al Ejecutivo de Sánchez para que actúe, actitud que no parece ser una de las características de la titular de la cartera, Mónica García, proclive más a los anuncios que a la ejecución de planes. 

Las autoridades de Castilla y León se muestran especialmente molestas con lo que consideran «ninguneos» de Pedro Sánchez y los miembros del Ejecutivo, algo que se ha puesto de manifiesto últimamente con la supresión de paradas de los AVE que unen Galicia y Madrid en pequeñas estaciones de la comunidad como Sanabria, Medina o Segovia, un problema en principio proclive a haber llegado a algún tipo de acuerdo pero que no tiene visos de solución ante la actitud del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia de «mantenella y no enmendalla», respaldado por el ministro Óscar Puente, al que se reclama también que no elimine paradas de las rutas nacionales de autobuses de largo recorrido en el medio rural de la comunidad, como está previsto en el nuevo plan nacional de transporte.

Los contratiempos políticos se ven como un ataque de los dirigentes del PSOE a toda una comunidad que, pese a todo, podría ser uno de los feudos del PP que potencialmente estaría más abierto a llegar a acuerdos con el Gobierno, sobre todo una vez que se ha quitado de encima el lastre de Vox, sin perder de vista las elecciones autonómicas que asoman a la vuelta de la esquina y que como toda confrontación electoral tienden a fomentar que se marquen las diferencias ante el contrario. 

Lo prioritario a incluir en la próxima Conferencia de presidentes sería ahora, para Castilla y León, la financiación autonómica, el control de fronteras y el debate sobre la crisis de las infraestructuras energéticas, ferroviarias, de transportes y de telecomunicaciones, es decir desde el gran apagón a los colapsos ferroviarios de meses atrás.